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Guardias del INPEC en Medellín inician “Operación Reglamento” en protesta por amenazas y falta de protección

En un acto de protesta que podría extenderse a nivel nacional, los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) han decidido iniciar la “Operación Reglamento” en las cárceles Pedregal, Bellavista y La Paz, en Medellín.

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Redacción IFM
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Guardias del INPEC en Medellín inician “Operación Reglamento” en protesta por amenazas y falta de protección

En un acto de protesta que podría extenderse a nivel nacional, los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) han decidido iniciar la “Operación Reglamento” en las cárceles Pedregal, Bellavista y La Paz, en Medellín.

Esta acción implica que los guardias no recibirán nuevos internos hasta que se garantice su seguridad y se mejore las condiciones laborales, las cuales, afirman, han sido ignoradas por el gobierno de Gustavo Petro.

La principal razón de la protesta es el rechazo a las amenazas de las que los guardias vienen siendo objeto, en especial, a lo que han denominado el “Plan Pistola”, una serie de ataques violentos dirigidos contra el personal del INPEC. Los guardianes también expresan su solidaridad con sus compañeros asesinados en recientes hechos ocurridos en Bucaramanga y el Cauca, y exigen protección ante lo que consideran una falta de acción por parte del gobierno nacional.

No más muertos”, es el lema que resuena en las protestas de los funcionarios penitenciarios, quienes exigen medidas concretas para garantizar su seguridad. Aseguran que las amenazas han escalado en las últimas semanas, particularmente en la Cárcel del Pedregal, donde varios de sus compañeros han sido intimidados.

Esta “Operación Reglamento” no solo busca proteger a los guardias, sino también poner en evidencia las condiciones precarias en las que se desarrollan sus labores. “Nos están culpando por las recientes fugas de presos, pero no contamos con los recursos ni la seguridad necesaria para evitar estas situaciones”, expresó un guardia, quien prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.

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Entre las fugas más mediáticas que han afectado la imagen del INPEC se encuentran la de tres reclusos de la Cárcel de Pedregal, incluidos dos venezolanos, y la fuga de “alias Pichi” desde su prisión domiciliaria. Los guardias argumentan que no pueden ser responsabilizados por estas situaciones debido a la falta de personal y medidas adecuadas de seguridad.

Protestas que podrían extenderse a nivel nacional

El clima de tensión es palpable en las cárceles de Medellín, y se teme que esta protesta se extienda a otros centros penitenciarios del país. Los sindicatos del INPEC están convocando reuniones urgentes con la ministra de Justicia, Néstor Osuna, y la dirección de la Policía, con el objetivo de encontrar una solución inmediata a las exigencias de los guardias.

A medida que avanza la jornada, las manifestaciones se intensifican y las cárceles de Pedregal, Bellavista y La Paz han sido escenario de bloqueos, pancartas y consignas en las que los funcionarios carcelarios demandan un alto a la violencia y mejores condiciones laborales. Según fuentes cercanas al movimiento, existe la posibilidad de que la “Operación Reglamento” se convierta en una protesta de carácter indefinido si no se atienden sus demandas.

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Exigen acción del Gobierno Petro

Los manifestantes han sido enfáticos en señalar que el Gobierno de Gustavo Petro ha hecho poco para protegerlos y mejorar sus condiciones. Además de las amenazas y la violencia que enfrentan, los guardias del INPEC también han denunciado falta de recursos y sobrecarga laboral, lo que agrava aún más la situación en los centros penitenciarios.

“Estamos cansados de poner en riesgo nuestras vidas todos los días y recibir a cambio críticas y señalamientos injustos”, expresó otro guardia participante en la protesta. En sus reclamos, los guardias piden una mayor inversión en seguridad para evitar que las fugas de presos y las amenazas en su contra continúen escalando.

Solidaridad por asesinatos en Bucaramanga y Cauca

La protesta no solo está impulsada por las amenazas en Medellín, sino también por los recientes asesinatos de dos guardias del INPEC, uno en Bucaramanga y otro en Cauca. Estas muertes han generado un profundo malestar entre los funcionarios penitenciarios, quienes consideran que el Gobierno no ha hecho lo suficiente para proteger a quienes están al frente de la seguridad carcelaria.

“Hoy estamos aquí porque no queremos más compañeros muertos. Ya es suficiente”, declaró un líder sindical del INPEC en una de las manifestaciones.

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Los guardias del INPEC exigen no solo mejores condiciones laborales, sino también una respuesta contundente por parte del Estado ante el incremento de la violencia y la inseguridad que enfrentan en el ejercicio de sus funciones. La demanda de justicia por los compañeros asesinados ha intensificado las tensiones dentro de los centros penitenciarios.

Sindicatos buscan soluciones urgentes

Mientras las protestas continúan, los sindicatos del INPEC se han movilizado para buscar una pronta reunión con la ministra de Justicia y la dirección de la Policía Nacional. La intención es llegar a acuerdos que permitan poner fin a la “Operación Reglamento”, pero los guardias han dejado claro que no detendrán sus acciones hasta que se garanticen soluciones efectivas.

Entre las propuestas que los sindicatos planean poner sobre la mesa se encuentra el fortalecimiento de la seguridad en las cárceles, la dotación de más recursos y personal, y una investigación exhaustiva sobre las amenazas que han recibido.

A medida que avanzan las horas, la incertidumbre crece en los centros penitenciarios de Medellín y en otras partes del país. Si no se alcanzan acuerdos en los próximos días, la protesta podría generalizarse a nivel nacional, generando un desafío adicional para el Gobierno en un contexto de alta tensión social y política.

La situación en las cárceles de Colombia es crítica, y las demandas de los guardias del INPEC son un claro llamado de alerta para las autoridades. Sin respuestas concretas y una intervención inmediata, el país podría enfrentar una crisis penitenciaria sin precedentes.

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