Gobierno propone que la imputación de cargos deje de ser obligatoria: así cambiaría el proceso penal en Colombia

De la imputación a la "terminación anticipada"

El proyecto rebautiza la imputación como "audiencia de terminación anticipada". Esta solo se realizaría cuando haya espacio para mecanismos que permiten cerrar el caso antes del juicio: el allanamiento a cargos (cuando el procesado acepta su responsabilidad), los preacuerdos con la Fiscalía, el principio de oportunidad (la facultad del ente acusador de suspender o renunciar a la persecución penal en ciertos casos) o la reparación integral a la víctima.

La convocatoria sería facultativa para la Fiscalía, pero se volvería obligatoria si el investigado manifiesta su intención de acogerse a alguna de esas figuras. Si ninguna aplica, el fiscal podría pedir directamente la audiencia de acusación.

Un nuevo papel para el juez de garantías

Otro cambio relevante es que el juez de control de garantías —que hoy vigila la legalidad de capturas, allanamientos y medidas de aseguramiento— dirigiría la audiencia de acusación y ejercería un control material sobre ella: verificaría que los hechos correspondan al delito señalado, la legalidad de las pruebas y el respeto al debido proceso. Después, el expediente pasaría a un juez de conocimiento distinto, encargado de la audiencia preparatoria y el juicio oral.

La acusación asumiría efectos que hoy dependen de la imputación, como la vinculación formal de la persona al proceso y la interrupción de la prescripción, salvo que la captura ocurra primero.

Plazos más cortos y fiscales relevados

La propuesta fija un término general de dos años para que la Fiscalía impute, acuse o archive, que se extendería a tres años con varios delitos o tres o más procesados, y a cinco en casos de jueces penales especializados. Para homicidio, feminicidio, violencia intrafamiliar y delitos sexuales contra menores, el plazo sería de ocho meses, prorrogables una vez por seis más. Si el término vence sin decisión, el fiscal sería relevado y otro debería asumir el caso en tres días hábiles.

Tras la acusación, la audiencia preparatoria tendría que hacerse dentro de los 90 días siguientes y el juicio oral iniciar en los 45 días posteriores. Además, si pasan 400 días desde la acusación sin que empiece el juicio, por causas no atribuibles a la defensa, el procesado podría quedar en libertad. Según El Tiempo, el texto no tiene costo fiscal directo porque no crea despachos ni cargos.

Lo que dicen los expertos

En declaraciones recogidas por El Nuevo Siglo, Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, respaldó la eliminación de la imputación obligatoria. El expresidente de la Corte Suprema Jaime Arrubla consideró que la medida ahorrará tiempo, aunque advirtió sobre la falta de fiscales y policía judicial. El exprocurador Jaime Bernal Cuéllar alertó que asignar la acusación al juez de garantías podría resultar inconstitucional, y el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Hermes Darío Lara señaló que cada fiscal maneja entre 3.000 y 4.000 procesos, por lo que pidió una reorganización de fondo de la entidad.

El trámite que sigue

Como iniciativa del Gobierno, el proyecto deberá surtir los debates reglamentarios en el Congreso, donde su contenido podría modificarse. La propuesta no altera el procedimiento abreviado de la Ley 1826 de 2017 ni la titularidad de la acción penal, que seguirá en cabeza de la Fiscalía.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué propone el Gobierno Nacional para el proceso penal en Colombia?

El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, propone reformar la Ley 906 de 2004 para que la imputación de cargos deje de ser obligatoria y la Fiscalía pueda acusar directamente a un investigado.

¿Cómo cambiaría el proceso penal con esta reforma?

La imputación se convertiría en una "audiencia de terminación anticipada" para preacuerdos, el juez de garantías dirigiría la audiencia de acusación con control material, y se establecerían plazos más estrictos para fiscales y jueces.

¿Qué opinan los expertos sobre esta iniciativa?

Algunos expertos respaldan la eliminación de la imputación obligatoria y el ahorro de tiempo, mientras otros advierten sobre posibles inconstitucionalidades y la necesidad de reorganizar la Fiscalía.