Gobernador de Antioquia demandó a la Fiscalía por suspensión de órdenes de captura a cabecillas criminales

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, radicó este lunes en Bogotá una acción de nulidad ante el Consejo de Estado. La demanda se dirige contra la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, expedida por la Fiscalía General de la Nación, que había suspendido órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales en el departamento.

Argumentos del Gobernador Rendón

En un movimiento que intensifica el choque institucional entre el gobierno regional y el ente acusador, Rendón argumentó que la medida generó un vacío de control sobre actores armados de alto perfil. Este vacío, según el mandatario, tiene un impacto directo en la seguridad del Valle de Aburrá y el altiplano del Valle de San Nicolás.

El Gobernador sostuvo que la resolución permitiría el regreso de estos individuos a territorios donde previamente habían ejercido control mediante prácticas sistemáticas de violencia, incluyendo homicidios, desplazamientos forzados, secuestros y extorsión.

“El acto administrativo dejó sin efecto herramientas judiciales clave, exponiendo a los principales centros urbanos del departamento a dinámicas de coacción armada comparables con escenarios históricos de desmilitarización”, afirmó Rendón, haciendo referencia a procesos fallidos de negociación en zonas de conflicto.

Casos Emblemáticos y Riesgos Electorales

El mandatario de los antioqueños también vinculó la expedición de la resolución con el calendario electoral, señalando riesgos de constreñimiento al electorado por parte de estructuras criminales. En su intervención, estableció un paralelo con el Proceso 8.000, sugiriendo que las actuales decisiones institucionales podrían estar permeadas por intereses que comprometen la seguridad pública.

Rendón citó casos específicos dentro del grupo de beneficiarios de la medida, incluyendo a alias “Tom”, a quien comparó con Pablo Escobar, y a alias “El Montañero”, presunto líder de la organización criminal “El Mesa”, con operaciones en Cundinamarca y el Eje Cafetero. Según el mandatario, la suspensión de las órdenes de captura no estuvo acompañada de mecanismos claros de supervisión judicial sobre las actividades de estos individuos.

Cuestionamientos a la Legalidad

El recurso presentado ante el Consejo de Estado también cuestionó la legalidad de la resolución desde una perspectiva constitucional. Rendón sostuvo que la Fiscalía habría excedido sus competencias al intervenir en decisiones relacionadas con la ejecución de penas, una función que, según el ordenamiento jurídico colombiano, corresponde exclusivamente a jueces de ejecución de penas.

“El acto administrativo vulneró el principio de separación de poderes al interferir en decisiones judiciales ya ejecutoriadas”, indicó el gobernador, quien solicitó la suspensión provisional de los efectos de la resolución mientras se resuelve de fondo la demanda.

Implicaciones y Futuro del Caso

Este caso abre un nuevo frente de debate sobre los límites de las facultades de la Fiscalía en contextos de política criminal y negociación con estructuras armadas, en un momento en que la seguridad urbana vuelve a ocupar el centro de la agenda pública en Colombia.