General (r) Mario Montoya enfrenta posible condena de 20 años por no reconocer los ‘falsos positivos’

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) trasladó el caso del general (r) Mario Montoya a la Unidad de Investigación y Acusación, lo que podría resultar en una pena de hasta 20 años de cárcel por no reconocer los casos de “falsos positivos” ocurridos bajo su mando durante su tiempo al frente del Ejército Nacional.

La decisión de la JEP se produce después de que la entidad imputara al general (r) y a ocho oficiales más por su presunta responsabilidad en al menos 130 asesinatos y desapariciones forzadas, que se habrían llevado a cabo entre 2002 y 2003 en el oriente de Antioquia.

Según el informe de la JEP, Montoya habría solicitado a sus tropas “litros” o “carrotancados” de sangre, en referencia a las ejecuciones extrajudiciales que luego fueron presentadas como bajas en combate.

Este desarrollo se da en un contexto en el que, recientemente, Estados Unidos prohibió el ingreso del general (r) Montoya y su familia al país, señalando que existen pruebas creíbles sobre su implicación en violaciones graves de derechos humanos, específicamente en relación con los “falsos positivos”.

En un comunicado, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, indicó que las pruebas sobre las ejecuciones extrajudiciales, cometidas durante el tiempo en que Montoya estuvo al mando de las fuerzas, justifican la medida.

Además, la JEP confirmó, el 22 de noviembre, el rechazo a la solicitud de nulidad presentada por la defensa de Montoya en el macrocaso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado.

La defensa del General había argumentado que se le vulneró su derecho al debido proceso y señaló contradicciones en el proceso. Sin embargo, la JEP descartó estos argumentos, señalando que no hubo violaciones y calificó los alegatos de la defensa como incoherentes.

Con el traslado del caso a la Unidad de Investigación y Acusación, Montoya podría enfrentar cargos más graves, incluyendo la posibilidad de una condena de hasta 20 años de prisión por su presunta implicación en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gestión.