Fiscalía respondió a exfiscal Lucy Laborde y defendió actuación en el proceso contra Nicolás Petro

La Fiscalía General de la Nación salió al paso de las declaraciones realizadas por la exfiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt sobre su paso por la entidad y, particularmente, sobre su intervención en el proceso penal contra Nicolás Fernando Petro Burgos. En un comunicado fechado el 23 de agosto de 2026, el organismo aseguró que busca precisar información que, a su juicio, ha sido presentada públicamente de manera “sesgada, parcial e incompleta”.

Según la Fiscalía, cuando la actual fiscal general de la Nación asumió el cargo, el 22 de marzo de 2024, Nicolás Petro ya había sido acusado formalmente como presunto responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos. La entidad explicó que la acusación había sido impulsada por el entonces fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, quien intervino ante la judicatura en representación del Ministerio Público durante varias etapas iniciales del proceso.

La Fiscalía señaló que Burgos participó en las audiencias realizadas entre el 2 de noviembre de 2023 y el 11 de enero de 2024, además de intervenir en la audiencia preparatoria iniciada el 29 de abril de 2024. Sin embargo, el funcionario fue recusado y posteriormente separado del caso el 22 de julio de ese año, luego de que se formularan cargos en su contra ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por posibles faltas disciplinarias relacionadas con el proceso.

A partir de esa situación, explicó la entidad, el expediente fue recibido por la exfiscal Lucy Laborde mediante el sistema SPOA. La Fiscalía enfatizó que se trató de un mecanismo de “reparto automático y aleatorio”, y no de una asignación discrecional.

La entidad también detalló que Laborde continuó con la etapa preparatoria del proceso mediante un amplio número de sesiones. De acuerdo con el comunicado, fueron 31 sesiones realizadas entre agosto de 2024 y junio de 2026.

En la cronología entregada por la Fiscalía aparecen audiencias celebradas durante 2024, 2025 y 2026. Entre las fechas mencionadas están el 5 de agosto de 2024, varias jornadas de septiembre y diciembre del mismo año, así como múltiples sesiones desarrolladas durante 2025 y las realizadas el 26 de febrero, 26 de marzo y 1 y 2 de junio de 2026.

Actualmente, el proceso se encuentra a la espera de que sean resueltos recursos de apelación interpuestos contra la decisión relacionada con las pruebas decretadas y negadas. Dichos recursos fueron presentados por la propia exfiscal Laborde, por la defensa de Nicolás Petro y por un agente del Ministerio Público.

La Fiscalía recalcó además que el eventual juicio oral continuará por los mismos delitos incluidos en la acusación presentada el 11 de enero de 2024: enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.

Uno de los puntos centrales de la respuesta institucional está relacionado con una reunión que, según el documento, tuvo lugar el 5 de septiembre de 2024. La Fiscalía sostuvo que dicho encuentro se produjo dentro de las facultades de la fiscal general, bajo los principios de unidad de gestión y jerarquía establecidos en la Constitución.

La entidad negó que durante esa reunión se hubiera impartido alguna instrucción para modificar la investigación o eliminar delitos. “En ese espacio no se le impartió orden alguna para la eliminación de delitos, ni hubo coacción o presión”, señala el comunicado.

De acuerdo con la Fiscalía, el único propósito del encuentro fue analizar una solicitud de la defensa encaminada a modificar la calificación jurídica con miras a alcanzar un eventual preacuerdo. Sin embargo, la petición no fue aceptada y, según la entidad, el proceso continuó bajo la orientación impartida por Laborde como responsable del expediente.

“La Fiscalía General de la Nación respeta el derecho de cualquier exservidor a expresar la percepción y opinión sobre su paso por la entidad”, indicó el organismo, aunque inmediatamente advirtió que su deber es ofrecer información objetiva y verificable frente a afirmaciones que considere carentes de sustento.

Otro de los asuntos aclarados por la Fiscalía fue la salida de Lucy Laborde de la entidad. La institución rechazó que su retiro estuviera relacionado con el expediente contra Nicolás Petro.

Según el comunicado, Laborde recibió respaldo institucional para desempeñar de manera autónoma su trabajo en el proceso y, hasta su retiro el 16 de julio de 2026, su actuación habría contado con garantías dentro de la entidad.

La Fiscalía explicó que su desvinculación obedeció a un proceso administrativo general relacionado con un concurso de méritos para proveer 4.000 cargos de planta. De acuerdo con la institución, no se trató de una decisión dirigida específicamente contra la exfiscal.

Como argumento, señaló que el proceso tuvo un alcance general y que el 77 % de los fiscales especializados de su misma categoría, equivalentes a 325 de 420 funcionarios, superaron las pruebas del concurso y se encuentran avanzando hacia el ejercicio de sus cargos en propiedad.

La entidad insistió en que el caso contra Nicolás Petro continúa bajo control judicial y defendió la autonomía con la que, según su versión, se ha desarrollado la actuación de la Fiscalía.

Finalmente, el organismo reafirmó su compromiso con la Constitución y la ley y aseguró que su actuación está guiada por los principios de “imparcialidad, autonomía, unidad de gestión y respeto por las garantías de todas las personas sometidas a una actuación penal”.