Fiscalía pidió investigar a Gustavo Petro por presunta divulgación de historia clínica de menor fallecido

La Fiscalía General de la Nación puso en conocimiento de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una actuación penal relacionada con el caso de Kevin Arley Acosta Pico, menor de siete años que padecía hemofilia A severa y falleció en febrero de 2026. El documento, fechado en Bogotá el 3 de agosto y dirigido al entonces presidente de esa célula legislativa, Carlos Alberto Cuenca Chaux, solicita que se investiguen conductas que, según la fiscal delegada que suscribe el escrito, podrían comprometer al presidente Gustavo Francisco Petro Urrego.

La referencia del documento es explícita: “Compulsa de copias en contra del Señor Presidente de la República GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, por los presuntos delitos de Violación de Datos personales agravado, con circunstancias de mayor punibilidad y Homicidio Culposo”.

La actuación hace parte de las diligencias identificadas con el NUNC 110016000028202600535 y fue remitida a la Comisión de Acusación para que, dentro de sus competencias, se determine si hay lugar a adelantar las investigaciones correspondientes. La existencia de esta compulsa de copias no constituye por sí misma una declaración de responsabilidad penal contra el mandatario, sino el traslado de elementos para que la instancia competente establezca lo que corresponda.

En el documento, la fiscal 51 delegada ante los jueces penales del circuito, adscrita a la Unidad de Delitos contra la Vida e Integridad Personal de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá y destacada para casos de responsabilidad médica, expone los elementos que sustentan la remisión.

Uno de los ejes de la investigación está relacionado con la situación médica del menor. Según el documento, Kevin Arley Acosta Pico había sido diagnosticado desde los nueve meses de nacido con hemofilia tipo A severa y presencia de altos títulos de inhibidores. La Fiscalía señala que, de acuerdo con las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud y la práctica hematológica, el manejo indicado incluía profilaxis continua con Emicizumab.

El escrito establece que el menor recibió su última dosis de este medicamento el 14 de diciembre de 2025 por parte de la IPS Medicarte, adscrita a la Nueva EPS. Posteriormente, según los elementos incorporados a la investigación, se habría presentado una interrupción en el suministro del tratamiento.

La muerte de Kevin ocurrió el 13 de febrero de 2026, después de que sufriera un accidente que desencadenó una emergencia hemorrágica. La Procuraduría también documentó en marzo que el niño había dejado de recibir oportunamente el medicamento necesario para el manejo de su hemofilia y remitió actuaciones para determinar posibles responsabilidades. 

En paralelo, la Fiscalía abrió una línea relacionada con la divulgación de información médica reservada. El documento remitido a la Comisión de Acusación sostiene que se habrían divulgado datos personales del menor contenidos en su historia clínica, documento que, según la Fiscalía, está sometido a reserva.

El escrito identifica como verbo rector de la conducta investigada “DIVULGAR” y señala como sujetos pasivos a K.A. Acosta Pico y a su madre, Yudy Katherine Pico Naranjo.

En uno de los apartados más relevantes, la Fiscalía sostiene: “Datos personales del menor contenidos en la historia clínica”. A continuación, señala que este documento solo podía ser conocido con autorización expresa y que, al tratarse de un menor de edad, debía existir autorización de su madre.

La Fiscalía también afirma que durante intervenciones públicas se habrían divulgado apartes de la historia clínica y que se habría señalado ante la opinión pública que la madre del menor se había negado a una intervención quirúrgica. Sobre este punto, el documento sostiene que esa información debía analizarse en el contexto en el que ocurrió la decisión médica.

El texto cita además disposiciones relacionadas con la reserva de la historia clínica y menciona la Ley 23 de 1981, la Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud y la Sentencia C-731 de 2005 de la Corte Constitucional.

La actuación conocida en agosto se suma a otras diligencias adelantadas por la Fiscalía dentro del caso. En ese mismo mes, el ente investigador solicitó la imputación de cargos contra cuatro personas vinculadas a la atención del menor por el delito de homicidio culposo. 

La Fiscalía también llevó el caso a la Comisión de Acusación debido a que, de acuerdo con reportes sobre la actuación, se busca establecer una eventual responsabilidad del presidente en relación con la intervención de la Nueva EPS y con la presunta divulgación no autorizada de la información médica del menor.