Fiscalía General de la Nación reforzó seguridad y trazabilidad en el acceso a sus sistemas de información

Principios rectores para el manejo de la información

La normativa no solo detalla las condiciones de autorización, sino que también subraya una serie de principios fundamentales que deben guiar el comportamiento de quienes interactúan con los sistemas de la Fiscalía. Estos principios son la piedra angular para asegurar un manejo ético y legal de los datos: la Finalidad funcional, donde todo acceso y uso de la información debe estar estrictamente justificado por las funciones inherentes al cargo o contrato y ser verificable; la Responsabilidad, por la cual cada usuario es directamente responsable por sus acciones dentro de los sistemas, así como por la custodia de sus credenciales de acceso; la Trazabilidad, que exige que todas las operaciones realizadas en los sistemas sean registrables y auditables, permitiendo un seguimiento detallado de cada interacción; la Titularidad institucional, que establece que la información contenida en los sistemas es propiedad de la Fiscalía General de la Nación y su uso debe alinearse con los fines de la entidad; la Confidencialidad permanente, que implica que la protección de la información sensible y reservada debe ser una constante, incluso después de que el usuario deje de tener acceso a los sistemas; la Necesidad y mínimo privilegio, que limita el acceso a la información a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de las funciones, otorgando solo los privilegios mínimos requeridos; y la Proporcionalidad, que dicta que las medidas de seguridad y las restricciones de acceso deben ser proporcionales a la sensibilidad de la información y a los riesgos asociados.

Alcance y obligaciones de la nueva resolución

La Resolución 0-0245 del 12 de agosto de 2026 no introduce un nuevo régimen de responsabilidad, sino que clarifica y precisa las obligaciones ya existentes para todos los usuarios autorizados. Esto incluye a servidores de carrera, provisionales, contratistas, practicantes y cualquier otro externo que tenga acceso a los sistemas de la entidad. La medida busca reforzar la gobernanza interna, prevenir usos indebidos de la información y facilitar los procesos de auditoría.

Es fundamental destacar que esta reglamentación se complementa con las políticas internas de seguridad de la información que ya posee la Fiscalía, creando un ecosistema robusto para la protección de sus activos digitales. La relevancia de esta norma radica en que afecta directamente a todos los individuos que, de una u otra forma, interactúan con los sistemas de la Fiscalía.

Deberes y consecuencias del incumplimiento

Entre los deberes más importantes que establece la resolución, se encuentra la obligación de limitar el acceso a finalidades funcionales verificables, custodiar diligentemente las credenciales de acceso y reportar de manera inmediata cualquier incidente de seguridad o uso indebido que se detecte. La Fiscalía enfatiza que el acceso a sus sistemas solo será legítimo si posee una finalidad funcional que pueda ser verificada y trazada.

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta resolución puede acarrear serias consecuencias. Los usuarios que infrinjan la normativa podrían enfrentar medidas administrativas, disciplinarias o incluso penales, dependiendo de la gravedad de la falta y el impacto generado. La norma no modifica las competencias legales ya establecidas, pero sí exige una justificación clara para cada consulta realizada y una protección permanente de la información institucional.

Con esta medida, la Fiscalía General de la Nación reafirma su compromiso con la seguridad de la información, la transparencia en sus procesos y la rendición de cuentas, elementos cruciales para el buen funcionamiento de la administración de justicia en el país.