Fiscalía denuncia presunto plan para direccionar contrato de $130.000 millones de mantenimiento de helicópteros Mi-17 del Ejército

Fiscalía expone presunto direccionamiento del contrato

La investigación de la Fiscalía General de la Nación avanza sobre uno de los contratos más cuestionados del sector defensa durante los últimos años. Se trata del proceso suscrito el 31 de diciembre de 2024 para realizar el mantenimiento de la flota de helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional, cuyo valor asciende a USD 32,4 millones, equivalentes a cerca de $130.000 millones.

Durante las audiencias de imputación contra James Lester Montgomerie, presidente de Vertol Systems Company, y Carlos Martín Uribe, propietario de MI Series Personnel & Parts, el ente investigador aseguró que la adjudicación del contrato habría sido producto de un presunto acuerdo entre empresarios y funcionarios públicos para beneficiar a una empresa específica.

Según la tesis de la Fiscalía, varias actuaciones adelantadas durante el proceso contractual habrían tenido como propósito garantizar que Vertol Systems Company obtuviera el contrato, pese a las observaciones que, de acuerdo con la investigación, existían sobre los requisitos exigidos.

Los delitos imputados durante la audiencia

En la diligencia judicial, el fiscal José Ignacio Arias Ciro formuló imputación por varios delitos relacionados con la contratación pública.

Entre los cargos se encuentran falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, abuso de función pública, peculado por apropiación y tráfico de influencias de servidor público.

La Fiscalía sostuvo que estas conductas habrían permitido estructurar un proceso contractual que favoreció a Vertol Systems Company durante la adjudicación del negocio para el mantenimiento de las aeronaves militares.

El anticipo de USD 16,2 millones bajo la lupa

Uno de los principales aspectos señalados por el ente investigador corresponde al anticipo entregado durante la ejecución del contrato.

De acuerdo con la Fiscalía, el Ministerio de Defensa giró a Vertol Systems Company un anticipo de USD 16,2 millones, equivalentes aproximadamente a $66.000 millones, cifra que representó el 50 % del valor total del contrato.

Aunque posteriormente la cartera recuperó alrededor de USD 22 millones mediante la aseguradora Berkeley International, la Fiscalía afirmó durante la audiencia que los recursos correspondientes al anticipo no regresaron al Estado.

Ese manejo financiero hace parte de los elementos que sustentan la investigación y que ahora serán objeto de análisis dentro del proceso judicial.

El papel atribuido al exviceministro de Defensa

La Fiscalía identificó al entonces viceministro para la Estrategia y Planeación, Luis Edmundo Suárez Soto, como uno de los principales protagonistas del presunto direccionamiento del contrato.

Según la investigación, el exfuncionario habría asumido funciones que no le correspondían para coordinar el proceso de contratación y asegurar que el negocio fuera adjudicado a Vertol Systems Company.

El ente acusador indicó que desde septiembre de 2024 Suárez habría impartido la instrucción verbal de tramitar el contrato mediante contratación directa, pese a que, según la Fiscalía, no existían estudios jurídicos que sustentaran esa modalidad de selección.

Adicionalmente, sostuvo que el entonces viceministro insistió ante los funcionarios encargados del proceso para flexibilizar algunos requisitos con el propósito de facilitar la participación de la empresa estadounidense.

Durante la audiencia, el fiscal señaló que Suárez habría pedido al comité estructurador del proceso “no ser tan legalistas”, actuar con “creatividad” y mantener “una mente abierta” para sacar adelante la contratación.

Otras actuaciones investigadas

La Fiscalía también afirmó que el exviceministro habría solicitado apoyo al entonces director de la Aeronáutica Civil, Sergio París, con el fin de agilizar verificaciones técnicas relacionadas con MI Series Personnel & Parts.

Según el ente investigador, esas gestiones buscaban fortalecer las condiciones necesarias para que la empresa pudiera participar en el proceso contractual.

Asimismo, la investigación sostiene que antes de la firma del contrato fue descartada una alternativa de cooperación entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos para realizar el mantenimiento de los helicópteros, mecanismo que, según la Fiscalía, representaba una opción más favorable para el Estado colombiano.

Tras desechar esa posibilidad, el proceso habría continuado bajo las condiciones que finalmente permitieron la contratación de Vertol Systems Company y el desembolso del millonario anticipo.

Más funcionarios y empresarios vinculados a la investigación

Además de los empresarios imputados y del exviceministro Suárez Soto, la Fiscalía involucró en la investigación a otros funcionarios que participaron en distintas etapas del proceso contractual.

Entre ellos figuran el coronel Julián Rincón, quien se desempeñaba como gerente del proyecto; Hugo Alejandro Mora, director de Contratación; Herbert Buitrago, director de Logística, y Diego Alejandro Manrique, asesor del Viceministerio.

De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, cada uno habría intervenido en actuaciones encaminadas a facilitar el desarrollo del proceso de contratación.

La Fiscalía también cuestionó la documentación presentada por Vertol Systems Company para acreditar su experiencia y capacidad técnica. Según la investigación, la empresa no habría demostrado plenamente la experiencia requerida ni la solidez financiera necesaria para ejecutar un contrato de esa magnitud.

El ente investigador sostuvo que durante el proceso se aceptaron documentos elaborados por la propia compañía para certificar experiencia y que no se exigieron los estados financieros completos que permitieran verificar su capacidad económica.

El proceso judicial continúa en etapa de imputación y serán las autoridades competentes las que determinen, en el curso de las actuaciones, la responsabilidad o no de los investigados frente a las conductas atribuidas por la Fiscalía.