Fiscalía confirmó amenazas contra testigo clave en investigación a Ricardo Roa

La Fiscalía General de la Nación confirmó que uno de los testigos considerados clave dentro del proceso que involucra a Ricardo Roa Barragán ha sido objeto de amenazas de muerte, situación que llevó a activar la evaluación de riesgo para determinar medidas de protección.

De acuerdo con lo informado por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se trata de Luis Enrique Rojas, actual presidente de Hocol, filial de Ecopetrol, quien hace parte del proceso que adelanta la Fiscalía por presuntas irregularidades relacionadas con la adquisición de un inmueble en el norte de Bogotá.

Según explicó la Fiscalía, el programa de protección de testigos se encuentra realizando el análisis correspondiente para establecer el nivel de riesgo del directivo y definir las acciones necesarias para su seguridad, en el marco de la investigación en curso.

El caso se centra en la compra de un apartamento ubicado en el barrio El Chicó, identificado como el inmueble 901 del edificio “Entre Parques”. Durante la audiencia de imputación de cargos, la delegada del ente acusador expuso que el inmueble fue adquirido por un valor de $1.800 millones de pesos, pese a que su precio comercial habría sido estimado en $2.727 millones de pesos.

La diferencia entre ambos valores, de acuerdo con lo expuesto en la diligencia judicial, correspondería a un descuento cercano al 34%, equivalente a más de $927 millones de pesos. La Fiscalía indicó que esta reducción en el precio estaría relacionada con actuaciones previas vinculadas a la adjudicación de un proyecto de gasificación.

En ese contexto, el ente investigador señaló que el proyecto Chuchupa–Ballena, perteneciente a Hocol, habría sido entregado a la empresa Gaxi S.A. E.S.P., de propiedad de Juan Guillermo Mancera, quien a su vez mantenía una relación comercial con Roa en el negocio del inmueble.

Durante la audiencia, la fiscal del caso expuso que, entre agosto de 2024 y enero de 2025, el Presidente de Ecopetrol habría utilizado su posición para intervenir en decisiones relacionadas con dicho proyecto, con el fin de favorecer intereses particulares asociados a Mancera.

En la diligencia ante el juez 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, la Fiscalía indicó que cuenta con elementos materiales probatorios que permiten inferir la posible comisión del delito de tráfico de influencias. En ese sentido, se formalizó la imputación de cargos contra Roa por las presuntas irregularidades en la negociación del inmueble.

El ente acusador también señaló que dentro de las condiciones de compra del apartamento se habría acordado un esquema de pago en cuotas y sin intereses, lo cual hace parte de los aspectos evaluados en la investigación.

Mientras avanza el proceso judicial, la Fiscalía continúa recopilando información y adelantando las actuaciones correspondientes, al tiempo que se revisan las condiciones de seguridad del testigo involucrado en el caso.