La Fiscalía General de la Nación decidió modificar la asignación del proceso penal que se adelanta contra Julián Bedoya por las presuntas irregularidades en la obtención de su título de abogado.

Este caso ha permanecido desde hace varios años bajo investigación por posibles falsedades documentales y actuaciones relacionadas con la función pública y la administración de justicia.

La decisión quedó consignada en la Resolución 0-0141 del 8 de mayo de 2026, firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, mediante la cual se ordenó variar la asignación de la actuación penal identificada con el número 050016000000201900896 y designar una nueva fiscal para asumir el caso.

Según el documento oficial, la investigación venía siendo adelantada por el fiscal delegado Fernando Augusto Arias Velásquez, adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción.

Sin embargo, el ente imvestigador concluyó que el proceso debía quedar bajo la responsabilidad de un funcionario con mayor disponibilidad de tiempo para garantizar el avance oportuno de las diligencias judiciales.

La resolución explicó que, aunque no se evidenciaron actos de negligencia atribuibles al fiscal que tenía inicialmente el expediente, se consideró necesario reasignar el caso debido a la carga laboral y a la necesidad de evitar retrasos en el desarrollo del juicio.

El proceso actualmente se encontraba en etapa de juicio, específicamente en audiencia preparatoria. De acuerdo con la Fiscalía, la actuación había sido tramitada inicialmente ante la Corte Suprema de Justicia debido al fuero que ostentaba Bedoya Pulgarín en ese momento.

La Corte practicó diligencia de indagatoria el 16 de marzo del año 2022, y posteriormente, tras la pérdida del fuero del investigado, el expediente fue remitido a la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso penal en la jurisdicción ordinaria.

Por otra parte, se mencionó que la nueva fiscal designada para asumir el caso fue Adriana Dioselina Arango Valencia, fiscal delegada 77 adscrita también a la Dirección Especializada contra la Corrupción.

En la resolución, la Fiscalía destacó que Arango Valencia contaba con experiencia en investigaciones relacionadas con delitos contra la administración pública y actualmente tiene una menor carga laboral, lo que le permitiría priorizar las actuaciones y atender de manera más eficiente las diligencias programadas por la judicatura.

La decisión estableció además que la nueva fiscal asumirá no solo el expediente principal, sino también cualquier actuación futura que se derive o tenga relación con la investigación actualmente en curso.

Igualmente, la Fiscalía ordenó que el fiscal saliente entregue de manera inmediata todos los elementos materiales probatorios, evidencia física, archivos digitales y demás insumos necesarios para garantizar la continuidad del proceso.

La resolución también dispuso comunicar oficialmente la determinación a la Delegada contra la Criminalidad Organizada y a la Dirección Especializada contra la Corrupción, entidades encargadas de informar a las partes involucradas, al Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro del caso.

Finalmente, el documento firmado por la fiscal general indicó que contra esta decisión no proceden recursos, por lo que la reasignación entró en vigencia de manera inmediata tras su expedición en Bogotá.

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