Fiscalía está buscando extender medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González en proceso por caso UNGRD

La decisión sobre la petición del ente acusador quedó aplazada para el próximo 24 de junio, fecha en la que un magistrado definirá si mantiene vigente la medida adoptada el año pasado. Durante una audiencia realizada este miércoles 10 de junio, la Fiscalía argumentó que existen razones jurídicas para extender por un año más la medida de aseguramiento que pesa sobre González.

La fiscal delegada encargada del caso sostuvo que el exfuncionario no ha cumplido con la decisión judicial que ordenó su privación de la libertad mientras avanzan las investigaciones, debido a que permanece fuera del país bajo la figura de asilo político otorgado por Nicaragua.

Según la representante del ente acusador, la medida no ha podido ejecutarse porque González no se encuentra a disposición de las autoridades colombianas. En su intervención señaló que el exdirector del Dapre continúa sin atender el confinamiento intramural ordenado por la justicia y afirmó que la solicitud de prórroga se ajusta a las disposiciones legales aplicables a delitos que son competencia de jueces penales especializados.

La Fiscalía recordó que dentro del proceso se le atribuyen a González conductas relacionadas con los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación y lavado de activos. De acuerdo con la investigación, el exfuncionario tendría presuntos vínculos con las irregularidades detectadas en la contratación de la UNGRD durante 2023.

En la diligencia judicial también se reiteró la posición de la Fiscalía según la cual existen elementos que sustentan la continuidad de la medida restrictiva. La entidad insistió en que permanecen vigentes los fundamentos que llevaron inicialmente a solicitar la privación de la libertad del exfuncionario, a quien las investigaciones relacionan con una estructura que habría participado en la entrega de contratos y recursos públicos dentro del caso de corrupción que involucra a la UNGRD.

Carlos Ramón González ocupó cargos de alta responsabilidad dentro del Gobierno nacional, entre ellos la dirección del Dapre y de la Dirección Nacional de Inteligencia. Su situación jurídica comenzó a tomar relevancia después de que la Fiscalía avanzara en la formulación de cargos dentro de las investigaciones por presuntas irregularidades en la gestión de recursos de la entidad encargada de atender emergencias y desastres en el país.

La defensa del exfuncionario se opuso a la solicitud presentada por el ente acusador. El abogado Iván Cancino argumentó durante la audiencia que su cliente no está obligado a comparecer físicamente en esta etapa del proceso judicial y sostuvo que la condición de asilado político impide que sea considerado un prófugo de la justicia. Según explicó, la protección internacional otorgada por Nicaragua le concede una condición jurídica distinta frente a las autoridades colombianas.

Por su parte, la procuradora Nancy Carolina Aponte Blanco señaló que, en su criterio, la medida de aseguramiento no ha comenzado a ejecutarse debido a que nunca se materializó una captura, situación que, según expuso, debe ser tenida en cuenta al momento de evaluar la solicitud de prórroga presentada por la Fiscalía.

La petición del ente investigador también recibió el respaldo de la representación judicial de la UNGRD. El abogado Iván Máttar, quien interviene en nombre de la entidad, manifestó su apoyo a la continuidad de la medida de aseguramiento mientras avanzan las investigaciones.

Tras escuchar los argumentos de las partes involucradas, el magistrado Fabio Bernal decidió suspender la audiencia y fijó para el próximo 24 de junio una nueva sesión en la que dará a conocer su decisión sobre la solicitud de prórroga. Ese día se definirá si la medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González continúa vigente dentro del proceso judicial relacionado con el caso de corrupción de la UNGRD.

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