Fiscalía amplió el caso de presunta corrupción en el Área Metropolitana. Estos son los principales protagonistas de las investigaciones

La investigación se originó por millonarios contratos entre el AMVA y los Bomberos de Itagüí. El denominado caso de los contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí se ha convertido en uno de los procesos por presunta corrupción más relevantes que adelanta actualmente la Fiscalía General de la Nación en Antioquia.

Las investigaciones se concentran en seis contratos suscritos entre 2020 y 2021 por un valor superior a los 17.600 millones de pesos, en los que, según el ente acusador, se habrían presentado presuntas irregularidades relacionadas con el direccionamiento de la contratación, el desvío de recursos públicos y el eventual pago de comisiones ilegales.

A partir de las pruebas recopiladas durante varios meses, la Fiscalía ha desarrollado distintas fases del proceso judicial, que ya deja varios capturados, imputados y nuevos llamados a responder ante la justicia.

Las primeras capturas permitieron avanzar en la investigación

La primera etapa del proceso se desarrolló en octubre de 2025, cuando la Dijín de la Policía Nacional y la Fiscalía realizaron varios operativos simultáneos para judicializar a quienes, según las investigaciones, conformaban el núcleo operativo encargado de ejecutar los contratos cuestionados.

Entre los primeros capturados se encuentra Misael Alberto Cadavid Jaramillo, excomandante y exdirector del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, quien fue imputado por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Posteriormente, obtuvo un principio de oportunidad y recuperó su libertad en marzo de 2026 para colaborar con la Fiscalía como testigo dentro del proceso.

También fue capturada María Yaneth Rúa García, exsupervisora de contratos del Área Metropolitana, procesada por presunto peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.

Dentro de esa misma fase fueron judicializados Elkin de Jesús González, exrepresentante legal de los Bomberos de Itagüí, y Juan Alberto Cardona, quien ejercía como tesorero de esa institución.

Las declaraciones y elementos aportados por algunos de estos procesados permitieron ampliar las líneas investigativas y avanzar hacia nuevas responsabilidades.

La Fiscalía amplió el proceso hacia exdirectivos y exfuncionarios

Durante julio de 2026, la Fiscalía anunció una nueva fase del caso con la solicitud de audiencia de formulación de imputación contra Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

De acuerdo con el ente investigador, Quintero Calle habría intervenido presuntamente en el direccionamiento de procesos contractuales adelantados por el Área Metropolitana. La Fiscalía anunció que solicitará su imputación por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Junto a él también fueron vinculados Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector de Gestión Administrativa y Financiera del AMVA; la contratista Vanesa Álvarez Restrepo y el particular Sebastián de Jesús Ortega Durán, quienes deberán comparecer ante un juez de control de garantías en la fecha que determine la Judicatura.

Paralelamente, dentro del mismo macroproceso judicial también figuran Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, exsubdirectoras ambientales del Área Metropolitana, quienes fueron capturadas e imputadas por hechos relacionados con la misma investigación.

Asimismo, el expediente incluye al exdirector del Área Metropolitana, Juan David Palacio, quien también enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en la suscripción de los convenios objeto de investigación.

El proceso continúa en etapa judicial

Según la Fiscalía, las investigaciones apuntan a establecer si existió una estructura organizada para direccionar la contratación pública, desviar recursos estatales y favorecer intereses particulares mediante convenios celebrados entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

Las autoridades también buscan determinar el eventual destino de los recursos y esclarecer si parte de esos dineros habría sido utilizada para el pago de comisiones ilegales u otros fines relacionados con la contratación investigada.

Las próximas audiencias permitirán a la Fiscalía exponer formalmente los elementos probatorios que sustentan las imputaciones. No obstante, todos los vinculados al proceso conservan la presunción de inocencia y tendrán la oportunidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa durante las diferentes etapas del proceso penal.

La investigación permanece abierta y no se descarta que surjan nuevas vinculaciones a medida que avancen las diligencias judiciales y el análisis del material probatorio recopilado por el ente acusador.