Fiscalía abrió investigación formal contra Álvaro Uribe por presuntos vínculos con grupos paramilitares en Antioquia

Un nuevo capítulo judicial se abre para el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este jueves 18 de junio, la Fiscalía General de la Nación confirmó la apertura de una investigación formal en su contra por presuntos hechos relacionados con la conformación y actuación de grupos paramilitares en Antioquia, en un caso que revive algunos de los episodios más violentos del conflicto armado colombiano.

De acuerdo con el comunicado oficial, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia inició el proceso por hechos que tendrían relación con la creación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque y con las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro y La Granja, en jurisdicción de Ituango, entre los años 1996 y 1997, cuando Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia.

El ente acusador señaló que el exmandatario “será vinculado formalmente mediante diligencia de indagatoria”, lo que representa un paso clave dentro del avance procesal de la investigación.

Según detalló la Fiscalía, los delitos que están bajo análisis corresponden a concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, al considerar que Uribe habría “facilitado y promovido el accionar de esa estructura armada organizada al margen de la ley”.

Uno de los elementos centrales de la investigación es la presunta utilización de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez, como base de operaciones para este grupo ilegal. Este señalamiento ha sido objeto de controversia en diferentes escenarios judiciales y políticos a lo largo de los años, pero ahora adquiere una nueva dimensión con la formalización de la investigación.

El expediente también incluye la posible participación del expresidente en las incursiones paramilitares en La Granja y El Aro, hechos que dejaron una estela de violencia marcada por “múltiples homicidios, desplazamientos forzados, incendio de viviendas y hurto de ganado”, según el documento oficial.

Estas masacres han sido ampliamente documentadas como algunos de los episodios más graves de violencia paramilitar en Antioquia y han estado en el centro de debates sobre la responsabilidad de agentes estatales y actores políticos en la expansión de estas estructuras armadas.

Además, la Fiscalía informó que dispuso la vinculación de Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo, reconocido defensor de derechos humanos asesinado en 1998 tras denunciar públicamente la presencia y actuación de grupos paramilitares en la región.

Por ahora, el exmandatario deberá comparecer ante la justicia en una diligencia de indagatoria que será programada en los próximos días. Entretanto, la Fiscalía recordó en su boletín que la situación judicial del exjefe de Estado permanece amparada por el principio constitucional de presunción de inocencia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.