Fiscal Luz Adriana Camargo se niega a apartarse del caso UNGRD: la Corte Suprema tendrá la última palabra

La actuación de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, quedó en el centro de una controversia judicial luego de que el representante a la Cámara Andrés Briceño, del Centro Democrático, solicitara que se examinara su imparcialidad en actuaciones relacionadas con información divulgada sobre el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El congresista presentó una recusación en la que invocó dos causales contempladas en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal: la posible existencia de un interés en el asunto y una eventual opinión previa sobre los hechos. La solicitud se produjo después de la publicación de conversaciones extraídas del teléfono celular de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, difundidas por la revista Cambio el 13 de septiembre.

Una recusación es un mecanismo jurídico mediante el cual se solicita que un funcionario se aparte de una actuación cuando se considera que podría existir una circunstancia que comprometa su imparcialidad. La presentación de este recurso no significa, por sí sola, que se haya demostrado una irregularidad.

Las conversaciones que originaron la controversia

Según la información publicada por Cambio, uno de los mensajes atribuidos a Pinilla, fechado el 9 de enero de 2024, señalaba que debía ir a entregar dinero. Ese mismo día, Vladimir Fernández, quien entonces se desempeñaba como secretario jurídico de la Presidencia y actualmente es magistrado de la Corte Constitucional, habría enviado a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, la dirección de un apartamento perteneciente a una abogada.

De acuerdo con la publicación, López reenvió posteriormente esa dirección a Pinilla, poco antes de que este llegara al lugar.

El contenido de los mensajes generó interrogantes sobre el contexto de la comunicación y el posible propósito de una eventual entrega de dinero. Sin embargo, las conversaciones divulgadas no permiten establecer por sí solas que se haya producido un pago ni determinar su finalidad.

Briceño y otros congresistas solicitaron aclaraciones sobre el manejo que la Fiscalía habría dado a esa información, pues, según lo publicado, la entidad conocía los mensajes desde 2024 y no habría remitido copias a otras autoridades para evaluar posibles conductas delictivas.

Los cuestionamientos también incluyeron el papel que Fernández habría desempeñado en la elección de Camargo como fiscal general. A partir de esos elementos, los solicitantes pidieron establecer si la jefa del ente acusador conoció las conversaciones y si impartió instrucciones relacionadas con ellas.

La respuesta de la fiscal general

En su respuesta, Camargo sostuvo que Briceño no acreditó su condición de parte o interviniente especial en los procesos correspondientes. También explicó que las investigaciones específicas están bajo la responsabilidad de fiscales delegados y que la fiscal general no dirige de manera directa cada actuación individual.

La funcionaria argumentó, además, que la recusación no puede utilizarse como instrumento para recopilar pruebas y que debe resolverse a partir de los fundamentos jurídicos presentados. Según su posición, la supuesta intervención indebida que se le atribuye no está demostrada.

La Fiscalía también indicó que los mensajes conocidos públicamente no permiten concluir que hubiera ocurrido una entrega de dinero ni precisar para qué habría sido destinada. Después de las publicaciones de septiembre, Camargo había calificado la divulgación como descontextualizada y manifestado que no encontraba razones suficientes para compulsar copias.

Hasta la información recogida en el expediente descrito, Fernández no ha sido vinculado formalmente por estos hechos.

El avance de la investigación por la UNGRD

La investigación sobre presuntas irregularidades en la UNGRD comenzó el 20 de febrero de 2024, a raíz de la compra de carrotanques destinados a La Guajira. En mayo de ese año, el caso pasó a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Durante 2025 se conformó un grupo especial de tareas para avanzar en las diferentes líneas investigativas. Según el balance referido para agosto de 2026, se adelantaban tres actuaciones contra personas con fuero constitucional y 24 contra personas sin esa condición.

En una reorganización posterior, los procesos contra aforados quedaron asignados a la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema, mientras que las demás actuaciones se distribuyeron entre las fiscalías 48, 51, 56 y 85.

La Corte Suprema ya había examinado recusaciones relacionadas con el trabajo de Camargo. En julio de 2025, la Sala Plena declaró improcedentes solicitudes vinculadas con los procesos de Pablo Bustos y Sandra Ortiz, por lo que la fiscal continuó al frente de esas actuaciones.

Una denuncia adicional pendiente de evaluación

El 30 de septiembre también se conoció que un ciudadano denunció a Camargo ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La denuncia menciona presuntos delitos de prevaricato por omisión, abuso de autoridad por omisión de denuncia y favorecimiento.

La presentación de esa denuncia no constituye una declaración de responsabilidad ni demuestra que se hayan cometido los delitos señalados. Su contenido deberá ser examinado por las autoridades competentes, conforme a los procedimientos establecidos.

La controversia relacionada con los chats de Pinilla mantiene abiertas preguntas sobre el tratamiento dado a la información y el alcance de las actuaciones de la Fiscalía. La decisión sobre la recusación deberá determinar si se cumplen los requisitos legales para apartar a Camargo del asunto, sin sustituir las investigaciones que correspondan ni anticipar conclusiones sobre los hechos denunciados.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué fue recusada la fiscal general Luz Adriana Camargo?

Los representantes Daniel Briceño y David Cote cuestionaron su imparcialidad tras la filtración de chats de Sneyder Pinilla que sugieren presuntos pagos de corrupción, alegando que la Fiscalía conocía esta información y no actuó oportunamente.

¿Cuál fue el argumento de la fiscal para rechazar la solicitud?

Camargo sostuvo que los recusantes no acreditaron ser parte del proceso y explicó que las investigaciones están a cargo de fiscales delegados, por lo cual ella no dirige directamente cada actuación individual.

¿Quién tomará la decisión final sobre este caso?

El expediente pasó a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, organismo encargado de decidir de manera definitiva si la fiscal general puede seguir al frente de las investigaciones por el escándalo de la UNGRD.