Fiscal Lucy Laborde acudirá a la tutela tras ser apartada del caso contra Nicolás Petro
La salida de la fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt del proceso penal contra Nicolás Petro Burgos abrió un nuevo capítulo judicial. La funcionaria anunció que presentará una acción de tutela con solicitud de medidas cautelares para controvertir la decisión de la Fiscalía General de la Nación, al considerar que fueron vulnerados sus derechos fundamentales por haber sido relevada del cargo que ocupaba, mientras el ente acusador sostiene que el relevo responde al proceso de provisión de cargos mediante concurso de méritos.
La fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt, quien representaba a la Fiscalía General de la Nación en el proceso penal que se adelanta contra Nicolás Petro Burgos, informó que acudirá a la jurisdicción constitucional para solicitar la protección de sus derechos luego de ser apartada del caso y del cargo que desempeñaba dentro de la entidad.
De acuerdo con información divulgada por Noticias RCN, la funcionaria presentará una acción de tutela acompañada de una solicitud de medidas cautelares, en un momento en que el proceso judicial se encuentra próximo a ingresar a la etapa preparatoria del juicio.
Uno de los principales argumentos que sustentará la tutela está relacionado con su condición de prepensionada. Según la información conocida, Laborde considera que esa situación le otorga una protección especial que tendría que ser tenida en cuenta antes de producirse su relevo. El denominado fuero prepensional tiene origen en la Ley 790 de 2002 y busca proteger a quienes se encuentran a menos de tres años de cumplir los requisitos para acceder a la pensión, evitando su desvinculación sin justa causa antes de consolidar ese derecho.
No obstante, la discusión jurídica también involucra la naturaleza del cargo que ocupaba la funcionaria. De acuerdo con Minuto60, Laborde ejercía sus funciones mediante un nombramiento en provisionalidad, circunstancia que deberá ser evaluada por el juez constitucional encargado de estudiar la tutela, al definir el alcance de la protección que solicita la fiscal.
Expertos consultados señalaron que las personas amparadas por el denominado retén prepensional cuentan con garantías especiales y plantearon que quienes se encuentran bajo esa condición no deberían ser sometidos a procesos de concurso de méritos mientras mantengan dicha protección. Ese será uno de los aspectos que harán parte del análisis judicial cuando la acción sea presentada.
La posición de la Fiscalía General de la Nación es diferente. La Laborde corresponde al desarrollo del concurso de méritos adelantado para proveer cargos de carrera dentro de la institución. De acuerdo con esa versión, la funcionaria ocupaba un cargo provisional y no participó en el proceso de selección, razón por la cual tenía que ser reemplazada por una persona que obtuvo el derecho a ocupar la plaza mediante el concurso.
La Fiscalía también precisó que Laborde no fue declarada insubsistente, sino que simplemente finalizó el nombramiento provisional que desempeñaba, decisión que, según el ente acusador, no desconoce su condición de prepensionada. Además, fuentes de la entidad citadas por Minuto60 señalaron que la funcionaria continúa vinculada a la Fiscalía mientras se resuelve la tutela que anunció y que cumpliría las semanas necesarias para acceder a su pensión durante el próximo mes de febrero.
El relevo quedó formalizado mediante la Resolución No. 30000-03611, expedida el 6 de julio de 2026 por el director ejecutivo de la Fiscalía General de la Nación, Alejandro Giraldo López. El acto administrativo dispuso la terminación automática de varios nombramientos provisionales a partir de la posesión de quienes integraban la lista de elegibles del concurso de méritos y estableció que contra esa decisión no procede recurso alguno, conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Días antes del relevo de la funcionaria, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla negó la solicitud presentada por la Fiscalía para imponer cinco días de arresto a Nicolás Petro y a su abogado, Alejandro Carranza. En esa misma diligencia judicial también se ordenó compulsar copias para investigar posibles irregularidades relacionadas con la exhibición de fotografías del hijo menor de Nicolás Petro durante una audiencia reservada. Mientras continúan pendientes varias decisiones procesales, la justicia también deberá pronunciarse sobre la tutela que presentará la fiscal Lucy Laborde.

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