Exgerente de la campaña Santos 2014 enfrentará nueva imputación por caso Odebrecht

La Fiscalía General de la Nación anunció que formulará imputación de cargos contra Roberto Prieto Uribe, quien se desempeñó como gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos para el periodo 2014-2018. El exfuncionario será procesado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y fraude procesal, dentro de una investigación relacionada con el manejo de los recursos de esa campaña electoral.

De acuerdo con el ente acusador, Prieto habría omitido reportar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) recursos que, según la investigación, fueron entregados por la constructora brasileña Odebrecht los días 26 de marzo y 28 de abril de 2014. La Fiscalía sostiene que dichos dineros no fueron incluidos en los informes oficiales de ingresos y gastos presentados por la campaña.

La investigación señala que Odebrecht habría destinado un millón de dólares para financiar la realización de una encuesta electoral durante la campaña presidencial. Según la Fiscalía, ese aporte no fue reportado al Consejo Nacional Electoral, pese a que posteriormente la campaña accedió a los recursos correspondientes a la reposición de votos contemplada por la legislación electoral.

El ente investigador sostiene que el dinero habría sido canalizado mediante sociedades offshore vinculadas a la denominada División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, estructura que, de acuerdo con diversas investigaciones judiciales en varios países, fue utilizada para gestionar pagos irregulares.

Según la hipótesis de la Fiscalía, la omisión de esos recursos en los reportes oficiales habría permitido ocultar un presunto exceso en los topes de financiación establecidos para la campaña presidencial.

La Fiscalía también indicó que la información presentada ante el Consejo Nacional Electoral permitió que esa autoridad aprobara las cuentas de la campaña y autorizara el desembolso de aproximadamente 16.045 millones de pesos por concepto de reposición de votos. Para el ente acusador, la presunta omisión de información habría incidido en las decisiones adoptadas por la autoridad electoral respecto de la revisión de las finanzas de la campaña presidencial.

La imputación de cargos constituye una etapa procesal en la que la Fiscalía comunica formalmente a una persona los hechos jurídicamente relevantes que se investigan. Esta actuación no implica una declaración de responsabilidad penal, la cual solo puede establecerse mediante una decisión judicial.

Tras conocerse el anuncio de la Fiscalía, Roberto Prieto rechazó los señalamientos formulados en su contra. A través de su equipo de defensa calificó la decisión como "inexplicable", argumentando que los hechos objeto de investigación eran conocidos por las autoridades desde 2017.

Asimismo, sostuvo que nunca participó en la contratación de la encuesta electoral que hace parte de la investigación y manifestó su desacuerdo con la determinación del ente acusador.

El anuncio de la Fiscalía vuelve a situar a Roberto Prieto ante los tribunales. En un proceso anterior, el exgerente de campaña fue condenado a cinco años de prisión por ejercer influencia indebida ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en relación con la adjudicación de un contrato vinculado al proyecto vial Ruta del Sol.

Adicionalmente, la Fiscalía recordó que Prieto también ha sido vinculado a investigaciones relacionadas con presuntos beneficios económicos derivados del contrato 007 de 2010, correspondiente a la elaboración de los diseños de la doble calzada Puente Plato, en el departamento del Magdalena. Según la entidad, la investigación reúne elementos de prueba sobre la adjudicación del contrato a la firma Yuma Concesionaria y su posterior cesión mediante un otrosí a Constructores Unidos de Colombia.