(ESPECIAL) Cauca y Valle bajo presión. Más de 600 ataques desde 2022 revelan una crisis estructural en el suroccidente

El suroccidente de Colombia atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de seguridad de las últimas décadas. La reciente escalada de violencia registrada entre el 24 y el 28 de abril de 2026, con 34 atentados en municipios del Cauca y Valle del Cauca, no constituye un hecho aislado, sino la expresión más visible de un fenómeno acumulado que se ha intensificado desde 2022. En total, más de 600 ataques han sido documentados en estos dos departamentos durante los últimos años, según registros analizados por la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Los hechos más recientes dejaron al menos 20 personas muertas y más de 65 heridas, lo que reactivó las alertas institucionales sobre la capacidad operativa de los grupos armados ilegales y la persistencia de una violencia que no ha sido contenida. De acuerdo con la FIP, esta situación responde a una combinación de factores históricos, territoriales y organizacionales que explican la complejidad del escenario actual.

Una escalada que confirma una tendencia sostenida

El análisis de la FIP evidencia que entre enero de 2022 y marzo de 2026 se registraron 586 acciones armadas en Cauca y Valle, incluyendo ataques a infraestructura, enfrentamientos y agresiones contra la Fuerza Pública. Con los atentados recientes, la cifra supera los 620 hechos, consolidando el 2025 como el año con mayor número de ataques en al menos 15 años.

Según la Fundación, este incremento no puede entenderse como una coyuntura aislada, sino como el resultado de un proceso de deterioro progresivo que comenzó con la reorganización de las disidencias de las FARC en 2018. “Lo que ocurre en el suroccidente es un fenómeno acumulado que refleja transformaciones profundas en las dinámicas del conflicto”, han señalado sus investigadores.

El Bloque Occidental del EMC: principal actor armado

Las autoridades han identificado al Bloque Occidental del Estado Mayor Central (EMC) como el principal responsable de los atentados recientes. Esta estructura disidente de las FARC está bajo el mando de Iván Idrobo, conocido como alias “Marlón”, quien asumió el liderazgo tras la muerte de alias “Mayimbú” en 2022.

El Bloque Occidental cuenta con una estructura amplia, conformada por al menos 2.651 integrantes distribuidos en 11 frentes, de los cuales ocho operan directamente en Cauca y Valle. Entre sus unidades más activas se encuentran las columnas Dagoberto Ramos, Carlos Patiño y Jaime Martínez, esta última señalada de participar en varios de los ataques recientes.

De acuerdo con la FIP, esta organización es actualmente una de las más activas en acciones ofensivas contra la Fuerza Pública y la población civil, y se ha destacado por el uso recurrente de drones en operaciones armadas desde 2024. Este elemento evidencia una adaptación tecnológica que ha incrementado su capacidad operativa.

Un territorio históricamente disputado

La situación actual en Cauca y Valle no puede desligarse de la historia de conflicto armado en la región. Durante más de seis décadas, estos territorios han sido escenario de la presencia de distintos actores armados ilegales, debido a su importancia estratégica.

La conexión entre el centro del país y el Pacífico, así como la articulación de corredores entre cordilleras, convierte a esta zona en un punto clave para el tránsito de economías ilícitas. Controlar el territorio implica dominar rutas de transporte, áreas de producción y puntos de salida de recursos ilegales.

Los investigadores han señalado que esta condición estructural ha convertido al suroccidente en un espacio permanente de disputa, donde diferentes grupos buscan consolidar su influencia territorial y económica.

Fragmentación y multiplicidad de violencias

El Acuerdo de Paz de 2016 generó una reducción inicial de la confrontación armada, pero la falta de implementación completa dejó vacíos de poder que fueron ocupados por nuevas estructuras. Disidencias, ELN y redes criminales comenzaron a disputar el control de estos territorios, dando lugar a un escenario fragmentado.

En 2024, la división interna del Estado Mayor Central profundizó esta dinámica. La fragmentación, que tuvo como uno de sus detonantes hechos ocurridos en el Cauca, reconfiguró el mapa del conflicto y aumentó las tensiones entre facciones.

Según la FIP, el resultado es un mosaico de violencias que incluye zonas bajo control hegemónico, territorios en disputa y áreas en expansión. Esta diversidad de escenarios dificulta la implementación de respuestas uniformes y explica la variabilidad en la intensidad de los ataques.

Factores que explican el aumento de los ataques

El incremento en el número de acciones armadas responde a múltiples factores que interactúan entre sí. Desde una perspectiva operativa, los ataques cumplen funciones específicas dentro de la lógica de los grupos armados.

Por un lado, buscan asegurar el control de economías ilícitas mediante la protección de zonas de producción y corredores estratégicos. Por otro, generan presión sobre la Fuerza Pública al obligarla a concentrar recursos en puntos específicos, lo que puede abrir espacios en otras áreas menos vigiladas.

También se ha identificado que estos picos de violencia pueden coincidir con momentos clave para el movimiento de cargamentos ilegales, funcionando como una estrategia de distracción. Además, los ataques tienen un componente simbólico, al enviar mensajes de control territorial y capacidad operativa.

A esto se suma una dimensión interna, relacionada con disputas dentro de las propias estructuras armadas, que pueden derivar en enfrentamientos o acciones destinadas a reafirmar liderazgos.

Limitaciones del enfoque tradicional de seguridad

Las transformaciones en las dinámicas del conflicto han puesto en evidencia las limitaciones de los enfoques tradicionales de seguridad. La evolución de los grupos armados, que han incorporado nuevas tecnologías y estrategias, ha superado en algunos casos la capacidad de respuesta institucional.

De acuerdo con la FIP, es necesario replantear las estrategias de seguridad para adaptarlas a este nuevo contexto. Esto implica reconocer que la respuesta no puede limitarse a acciones militares, sino que debe integrar componentes sociales, judiciales y de inteligencia.

Entre las prioridades señaladas se encuentran la protección de las comunidades, la recuperación del control territorial, el fortalecimiento de la justicia y la mejora de los sistemas de inteligencia. También se destaca la importancia de combatir las finanzas ilegales y prevenir el reclutamiento de nuevos integrantes por parte de los grupos armados.

El debate entre paz y seguridad

La actual situación ha reactivado el debate sobre la relación entre las políticas de paz y las estrategias de seguridad. Según el análisis de la FIP, el deterioro de las condiciones en el suroccidente está relacionado, en parte, con dificultades en la implementación de la política de Paz Total.

La firma de ceses al fuego sin mecanismos robustos de verificación ha sido señalada como un factor que pudo haber facilitado la consolidación de estructuras ilegales. Sin embargo, los expertos advierten que reducir la discusión a una dicotomía entre “paz o guerra” limita la comprensión del problema.

La FIP sostiene que es necesario articular de manera efectiva los procesos de negociación con una estrategia de seguridad integral, que incluya líneas claras, capacidades institucionales y mecanismos de control.

Un reto estructural para el Estado

El panorama en Cauca y Valle refleja un desafío de carácter estructural para el Estado colombiano. La persistencia de la violencia, la capacidad de adaptación de los grupos armados y la importancia estratégica del territorio configuran un escenario complejo que requiere respuestas sostenidas.

La magnitud de los ataques registrados en los últimos años evidencia que las dinámicas del conflicto han evolucionado y que las soluciones deben ajustarse a esta realidad. La combinación de acciones de seguridad, políticas de desarrollo y fortalecimiento institucional aparece como un elemento clave para enfrentar la situación.

Mientras tanto, las comunidades del suroccidente continúan siendo las principales afectadas por una violencia que, lejos de disminuir, ha mostrado una capacidad constante de transformación y expansión.