(EN VIDEO) Contraloría alertó sobre más de $2 billones en contratos tras activarse la Ley de Garantías

La Contraloría General de la República informó que identificó 6.292 contratos directos suscritos por más de $2 billones en sectores que no están exceptuados por la Ley de Garantías, luego de que esta entrara en vigencia el pasado 31 de enero de 2026. El hallazgo se produjo tras una revisión adelantada por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) entre el 31 de enero y el 27 de febrero.

Durante ese periodo fueron analizados 25.685 contratos por un valor total de $2,8 billones. Tras excluir los acuerdos amparados por las excepciones previstas en la norma, como los correspondientes a salud, defensa, seguridad, atención de emergencias, desastres, urgencia manifiesta o crédito, el ente de control alertó sobre los 6.292 contratos directos que no estarían cobijados por dichas salvedades.

Según el informe, los sectores sociales, comercio y desarrollo, inclusión social, justicia y servicios públicos concentran la mayor cantidad de contratos suscritos bajo esta modalidad una vez iniciada la restricción electoral.

Dentro del mismo análisis, la Contraloría reportó 368 contratos directos relacionados con eventos, publicidad, conciertos, refrigerios, tarimas y logística, por un monto de $31.959 millones. Estas contrataciones fueron detectadas durante la vigencia de la Ley de Garantías.

Otra parte del seguimiento realizado por la Contraloría General es al uso de recursos públicos con fines proselitistas en época electoral. En este se identificaron 17.841 contratos directos por un valor superior a los $1.68 billones, entre el 1 de octubre del año pasado y el 30 de enero de 2026, por eventos, publicidad, conciertos, refrigerio, tarima o logística. Posterior a esto, se identificaron 368 contratos directos relacionados por $31.959 millones entre el 31 de enero y el 27 de febrero de este año iniciada la Ley de Garantías.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, indicó que la vigilancia sobre la Ley de Garantías se está desarrollando bajo un enfoque preventivo, basado en análisis de datos, trazabilidad contractual y generación de alertas tempranas. Señaló que el propósito es anticipar posibles irregularidades antes de que se materialicen.

Durante el foro “Garantías Electorales, un diálogo con las regiones”, el funcionario explicó que la entidad implementó el Modelo Analítico Electoral de Seguimiento Preventivo, herramienta con la que se analiza la información contractual y se ejerce control sobre los recursos destinados al proceso electoral. Afirmó que la función del órgano de control es verificar que el gasto público se ajuste a las disposiciones legales y no se destine a fines distintos a los previstos.

En relación con el alcance de la Ley de Garantías, el viceministro de Hacienda, Alberto Londoño, explicó que la norma fue creada para impedir que el Gobierno nacional y las administraciones locales incidan en procesos electorales mediante la contratación directa.

Indicó que la restricción busca evitar que los contratos sean utilizados con propósitos distintos a los establecidos en la ley, aunque precisó que la norma contempla excepciones para atender situaciones de emergencia que requieran actuación inmediata.

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