(EN VIDEO) Congreso investigará a Petro por presunta participación de criminales en ‘Tarimazo' de Medellín

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes inició una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro por su participación en el evento “Paz Urbana”, realizado el 21 de junio de 2025 en Medellín, tras una denuncia presentada por el concejal de esa ciudad, Alejandro de Bedout.

La investigación busca esclarecer la presencia de líderes de estructuras criminales y personas privadas de la libertad durante la jornada, así como determinar si se emplearon recursos públicos o se incurrió en conductas de carácter proselitista.

El expediente, identificado bajo el número 6992, es el primero que avanza a etapa formal contra el actual jefe de Estado en esa comisión. Según la denuncia, el mandatario habría compartido tarima con cabecillas de bandas criminales, hecho que fue transmitido a través de medios oficiales.

De Bedout aseguró que el proceso cuenta con impulso probatorio y que se solicitó la práctica de pruebas ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Ministerio de Justicia y la Presidencia de la República, con el fin de determinar si los traslados de reclusos fueron autorizados, y si existieron comunicaciones o actos administrativos que los permitieran.

El concejal afirmó que el caso pretende establecer la responsabilidad sobre el eventual uso de fondos estatales, así como la participación de estructuras armadas urbanas en un evento institucional. También indicó que la investigación deberá desarrollarse bajo principios de transparencia y acceso ciudadano.

Durante el acto denominado “Paz Urbana”, al que asistieron reclusos y personas vinculadas a organizaciones criminales, se promovió el mensaje de reconciliación del Gobierno. La presencia de estos actores generó cuestionamientos políticos y llevó a que la oposición solicitara un examen formal por parte de la Comisión de Acusación.

Entre las pruebas ordenadas por el órgano investigador se encuentran la verificación de los permisos de traslado de los reclusos, los informes de conocimiento emitidos por el Ministerio de Justicia y la revisión de los documentos de la Presidencia relacionados con la organización del evento.

De Bedout señaló que el proceso tendrá que mantenerse abierto y visible para garantizar el control ciudadano sobre sus avances. A través de redes sociales, reiteró que “nadie está por encima de la ley”, refiriéndose a la obligación de rendir cuentas sobre el manejo de recursos públicos y la posible injerencia política en el evento.

La Comisión de Acusación, como instancia encargada de investigar al presidente, será la responsable de determinar si existen elementos que ameriten la continuación del proceso en el Congreso. Hasta el momento, este caso representa el procedimiento más avanzado en curso contra un mandatario en ejercicio, de acuerdo con las declaraciones del denunciante.