En la mira contrato de cámaras en Bogotá, Procuraduría está investigando a ocho exfuncionarios

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra ocho servidores y exservidores de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá por presuntas irregularidades relacionadas a la instalación de cámaras de videovigilancia en la capital del país.

El contrato SCJ-1904-2023, que supera los $14.300 millones de pesos, tenía como objetivo implementar un sistema de reconocimiento de placas vehiculares (LPR) como parte del fortalecimiento del sistema de seguridad y monitoreo en la ciudad.

Entre las personas vinculadas al proceso disciplinario se encuentran el exsecretario de Seguridad Óscar Antonio Gómez Heredia, quien ocupó el cargo durante la última etapa de la administración de Claudia López, y el actual titular de esa cartera, César Andrés Restrepo Flórez.

También fueron incluidos en la investigación Diana Carolina Zárate Pérez, Helga Milena Hernández Reyes, Ada Luz Sandoval Herazo, Iván Hersayn Pinilla Herrera, Sandra Milena Santafé Patiño y Jairo Alonso Bohórquez Blanco, quienes habrían participado en diferentes etapas relacionadas con la estructuración y trámite del contrato.

De acuerdo con el análisis preliminar del Ministerio Público, existirían posibles fallas en la fase de planeación del acuerdo bilateral, especialmente en aspectos relacionados con la definición de los puntos donde se instalarían los equipos de videovigilancia. El organismo de control también señaló posibles dificultades en la verificación de la disponibilidad de acometidas eléctricas necesarias para el funcionamiento de las cámaras.

En el expediente disciplinario también se mencionan observaciones sobre la gestión de permisos requeridos para intervenir el espacio público en los sitios donde se instalaría la infraestructura tecnológica. Otro de los aspectos revisados por la Procuraduría está relacionado con la estimación del tiempo necesario para ejecutar el contrato.

Según lo expuesto por el ente de control, las dificultades identificadas habrían derivado en retrasos en la ejecución del proyecto, así como en suspensiones y prórrogas del contrato. Estas situaciones, de acuerdo con el análisis inicial, podrían tener efectos en el cumplimiento del objetivo del proyecto, orientado al fortalecimiento del sistema de videovigilancia en la ciudad.

La investigación es adelantada por la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción, que ordenó la práctica de pruebas técnicas y documentales para establecer las condiciones en las que se estructuró el contrato. Para este proceso se contará con el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales.

El propósito de estas diligencias es determinar si las dificultades detectadas durante la ejecución del contrato eran previsibles desde la etapa de planeación y si existieron omisiones o actuaciones que puedan tener implicaciones disciplinarias para los funcionarios involucrados.

Dentro de las decisiones adoptadas en el marco de la investigación, el organismo de control también dispuso compulsar copias para abrir un proceso separado con el fin de examinar presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución del contrato, lo que ampliaría el alcance de las indagaciones sobre el proyecto de videovigilancia.