En Cali avanzó proceso judicial contra presunto autor de amenazas a Abelardo de la Espriella

Durante una audiencia realizada en Cali, el ente acusador le imputó el delito de hostigamiento agravado, cargo que el investigado decidió no aceptar.

La diligencia judicial se desarrolló luego de que las autoridades ubicaran al procesado en la capital del Valle del Cauca, como resultado de un trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. La captura y posterior judicialización hacen parte de las actuaciones adelantadas para esclarecer las amenazas difundidas contra distintas figuras públicas a través de redes sociales.

De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía durante la audiencia, las amenazas no estuvieron dirigidas únicamente contra el presidente electo. La investigación también involucra mensajes intimidatorios contra el representante a la Cámara Daniel Briceño, el excongresista Miguel Polo Polo, la exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez y los periodistas Vicky Dávila, Yesid Lancheros y Diana Saray Giraldo.

Según el ente investigador, los hechos ocurrieron mediante publicaciones y mensajes difundidos en plataformas digitales, cuyo contenido fue objeto de verificación por parte de las autoridades judiciales dentro de la investigación penal.

Tras su ubicación en Cali, José Manuel Lagarejo Asprilla fue puesto a disposición de la Fiscalía y compareció ante un juez de control de garantías acompañado por un abogado defensor designado por la Defensoría del Pueblo. Durante la audiencia de formulación de imputación, el procesado manifestó que no aceptaba el cargo formulado por el ente acusador.

La negativa a aceptar los cargos implica que el proceso continuará conforme a las etapas previstas en el Código de Procedimiento Penal, en las que la Fiscalía deberá presentar los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida para sustentar la acusación.

El delito de hostigamiento agravado hace parte de las conductas previstas en la legislación penal colombiana para sancionar actuaciones orientadas a promover o incentivar actos de violencia, discriminación o intimidación contra personas o grupos determinados. Corresponderá a las autoridades judiciales establecer, dentro del proceso, si las pruebas recopiladas son suficientes para determinar la responsabilidad penal del investigado.

La investigación se originó a partir de las denuncias presentadas por las personas que fueron objeto de las amenazas y de las labores de seguimiento adelantadas por los organismos de investigación judicial, que permitieron identificar al presunto responsable y avanzar en su ubicación.

La imputación de cargos contra Lagarejo Asprilla constituye una actuación independiente dentro de las investigaciones que adelantan las autoridades sobre amenazas dirigidas contra servidores públicos, dirigentes políticos, periodistas y otras personas que ejercen actividades de interés público.

La Fiscalía continuará con la recolección y presentación de las pruebas que considere pertinentes para sustentar la acusación, mientras la defensa podrá ejercer los mecanismos previstos por la ley para controvertir los elementos probatorios presentados durante el proceso.

Por ahora, el expediente permanece en etapa de judicialización y será la autoridad competente la encargada de definir, en las siguientes fases procesales, la situación jurídica del investigado conforme a las pruebas que sean incorporadas al proceso.