Empresa de keratinas de ‘Epa Colombia’ recibió sanción por fallas en garantías y comercio electrónico

La decisión administrativa, fechada el 16 de septiembre de 2026, se originó en una investigación adelantada por la entidad sobre las condiciones bajo las cuales la compañía ofrecía sus productos a través de canales digitales. El análisis incluyó aspectos relacionados con la garantía legal, la información suministrada antes de concretar las compras y los derechos de los usuarios frente a la reversión de pagos.

Uno de los puntos examinados por la Superindustria estuvo relacionado con la forma en que la empresa establecía las condiciones de garantía. Según la investigación, en su página web figuraba una política que excluía la responsabilidad de la compañía frente a productos adquiridos mediante distribuidores o terceros.

Para la SIC, esa condición no podía trasladar al consumidor la responsabilidad que corresponde al productor frente a las obligaciones establecidas por la legislación colombiana. La garantía legal contempla responsabilidades que deben ser atendidas de acuerdo con las disposiciones previstas en el Estatuto del Consumidor.

Otro de los hallazgos estuvo relacionado con la información disponible para quienes realizaban compras por internet. La autoridad encontró que, antes de que los usuarios aceptaran una oferta, el sitio web no suministraba determinados datos considerados esenciales para la adquisición de los productos.

Entre la información que, según la SIC, debía estar disponible para los compradores se encontraban las características esenciales de los artículos ofrecidos. También debía informarse sobre el derecho de retracto y el procedimiento establecido para ejercerlo.

La Superintendencia señaló además que la página debía contar con un enlace visible y de fácil identificación que permitiera a los consumidores acceder a la plataforma de la autoridad encargada de la protección de sus derechos.

El tercer aspecto identificado durante la investigación correspondió a la reversión de pagos. De acuerdo con la decisión, la empresa no había informado de manera oportuna a los consumidores sobre la existencia de este mecanismo y la posibilidad de solicitarlo en determinadas operaciones efectuadas mediante medios electrónicos.

La reversión de pagos constituye una herramienta contemplada dentro de las normas de protección al consumidor para determinadas transacciones realizadas por canales electrónicos y bajo las condiciones establecidas por la legislación.

La decisión de la SIC estableció una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cifra que en la resolución corresponde a 11.600 unidades de valor básico (UVB) y que se traduce en $140.476.000.

La Superintendencia aclaró que contra la decisión administrativa proceden los recursos de reposición y apelación, de acuerdo con los mecanismos previstos para este tipo de actuaciones.

El caso está relacionado específicamente con las prácticas de comercialización de Productos Epa Colombia S.A.S. mediante internet y no únicamente con las características de los productos comercializados. La investigación abordó las obligaciones que debe cumplir un proveedor cuando ofrece bienes a consumidores mediante plataformas digitales.

Entre los productos mencionados en la actuación aparece el “Acondicionador Kolors (Post Cuidado) – Keratina (verde) 300 ml”, sobre el cual la entidad revisó la información suministrada durante el proceso de compra.

La SIC recordó que los proveedores que comercializan bienes por internet deben entregar información suficiente para que los consumidores conozcan las condiciones de la operación antes de aceptarla. Esto incluye los datos esenciales del producto y los mecanismos disponibles para ejercer los derechos reconocidos por la legislación.

La entidad también reiteró que las empresas deben atender las obligaciones relacionadas con la garantía legal y proporcionar información clara sobre las condiciones de las compras realizadas mediante medios electrónicos.

Con la sanción, la Superintendencia concluyó la actuación administrativa correspondiente a los tres cargos identificados durante la investigación: las condiciones establecidas para la garantía, la información suministrada en las compras por internet y la comunicación relacionada con la reversión de pagos.

La decisión queda sujeta a los recursos administrativos que pueda presentar la empresa dentro de los términos establecidos por la ley.