(ESPECIAL) El cielo colombiano bajo una nueva amenaza: la escalada de ataques con drones por grupos armados ilegales

Colombia se enfrenta a un desafío sin precedentes en su seguridad y soberanía aérea, una amenaza que evoluciona rápidamente y que exige una respuesta estatal contundente y adaptada. El espacio aéreo colombiano, tradicionalmente bajo el control indiscutible de la Fuerza Pública, ahora es escenario de una confrontación asimétrica, donde grupos armados ilegales han incorporado drones a su arsenal, transformándolos en herramientas bélicas de bajo costo pero de alto impacto. Esta nueva dinámica está poniendo a prueba la capacidad de reacción y adaptación del Estado colombiano, obligándolo a repensar sus estrategias de defensa y control territorial.

La magnitud de esta problemática se refleja en cifras alarmantes que evidencian una escalada constante en el uso de estos artefactos. Desde el inicio del año 2023, las autoridades han documentado un total de 716 ataques perpetrados con drones por parte de estas organizaciones al margen de la ley.

Lo que resulta aún más preocupante es el ritmo acelerado de estos incidentes: solo en lo que va del año 2026, se han registrado 318 ataques, lo que se traduce en un promedio de un incidente cada 20 horas. Esta estadística subraya la urgencia de una respuesta integral y efectiva por parte de las instituciones estatales, no solo para neutralizar la amenaza actual, sino para anticipar su evolución.

La sofisticación de una nueva estrategia bélica y sus implicaciones

La gravedad de esta nueva modalidad de agresión quedó patente hace apenas unas semanas, en un incidente que capturó la atención nacional y encendió las alarmas sobre la vulnerabilidad de la infraestructura crítica del país. Tres drones de tipo kamikaze, cuya autoría fue atribuida al Bloque Occidental Jacobo Arenas de la disidencia Estado Mayor Central (EMC), bajo la presunta coordinación de alias ‘Iván Mordisco’, impactaron de manera directa el radar aeronáutico 3D ubicado en Candelaria, Valle del Cauca.

Este ataque no solo representó una demostración de capacidad operativa y una audaz declaración de intenciones por parte de los grupos armados, sino que también puso en jaque una infraestructura vital para la seguridad aérea del país.

El radar afectado forma parte de un ambicioso proyecto de modernización y expansión de la cobertura aérea nacional, con una inversión superior a los 370.000 millones de pesos. Su función es crucial para el monitoreo y control del espacio aéreo, permitiendo la detección temprana de aeronaves no identificadas y el seguimiento de vuelos comerciales y militares.

Su inutilización temporal o permanente genera un vacío estratégico significativo, comprometiendo la capacidad de respuesta ante amenazas y la seguridad de la aviación civil. Este episodio, lejos de ser un hecho aislado, se suma a una serie de agresiones similares que confirman la persistencia de esta ofensiva. Un ejemplo previo ocurrió el 5 de octubre del año anterior en Aguachica, Cesar, donde otro dron fue empleado para atacar una estación de Policía, demostrando la versatilidad de estos dispositivos para impactar tanto infraestructura estratégica como objetivos de seguridad ciudadana.

Estos incidentes recientes no solo confirman la persistencia de esta ofensiva, sino que también revelan una clara intención por parte de los grupos armados de disputar al Estado el control del espacio aéreo. Este dominio, que la Fuerza Pública había mantenido casi sin contrapesos durante décadas, ahora se ve desafiado por una tecnología que permite ataques precisos y a distancia, minimizando el riesgo para los atacantes y maximizando el impacto psicológico y material.

La capacidad de los drones para evadir sistemas de defensa tradicionales y operar en zonas de difícil acceso los convierte en una herramienta atractiva para estas organizaciones, que buscan desestabilizar la autoridad estatal y consolidar su influencia territorial.

Un panorama estadístico preocupante: la consolidación de una táctica

El análisis de los datos recopilados por la Fuerza Pública desde principios de 2023 hasta el 1 de octubre de 2026, revela una tendencia de crecimiento sostenido en el número de ataques con drones.

El total de 716 incidentes registrados en este período es un indicador claro de la consolidación de esta táctica como una estrategia recurrente y efectiva para los grupos armados ilegales. Sin embargo, es el comportamiento de los ataques en el presente año lo que genera mayor inquietud y exige una atención prioritaria por parte de las autoridades.

Con 318 incidentes contabilizados hasta la fecha en 2026, el promedio de un ataque cada 20 horas, o aproximadamente 8,2 eventos por semana, demuestra la intensidad y frecuencia con la que estos grupos están empleando esta tecnología. Esta estadística no solo refleja una mayor disponibilidad de drones y explosivos, sino también una posible mejora en las capacidades técnicas y operativas de los grupos para planificar y ejecutar estos ataques.

La regularidad de los incidentes sugiere que el uso de drones no es una acción esporádica, sino una parte integral de su estrategia de confrontación.

Particularmente, el mes de agosto de este año se destacó como el período de mayor actividad, con un pico de 56 ataques reportados. Esta concentración de incidentes en un solo mes sugiere una posible intensificación de las operaciones, la experimentación con nuevas estrategias o la respuesta a eventos específicos en el conflicto.

La capacidad de los grupos armados para coordinar y ejecutar un número tan elevado de ataques en un corto período de tiempo es un indicador preocupante de su creciente sofisticación y de la necesidad urgente de desarrollar contramedidas efectivas.

Focos geográficos y autoría de los ataques, una radiografía de la amenaza

La distribución geográfica de estos ataques no es aleatoria, sino que obedece a patrones claros relacionados con la presencia histórica y la capacidad operativa de los grupos armados ilegales en el territorio colombiano. El 71% de los incidentes se concentra en cuatro departamentos específicos: Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander. Estas regiones comparten una característica común: son zonas históricamente afectadas por la presencia y el accionar de grupos armados ilegales, lo que las convierte en epicentros de la confrontación y la violencia.

La elección de estas áreas para la ejecución de ataques con drones no solo responde a la facilidad de operación y la topografía que favorece la ocultación, sino también a la búsqueda de un impacto estratégico en territorios donde su influencia es más arraigada y donde buscan desafiar la autoridad estatal de manera más directa.

En cuanto a la autoría de estos ataques, los datos son contundentes y señalan a dos organizaciones principales como los actores dominantes en el uso de esta tecnología. El 95% de los incidentes se atribuyen al Estado Mayor Central (EMC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN). El EMC es señalado como responsable del 72% de los ataques, lo que lo posiciona como el principal actor en el uso de esta tecnología, demostrando una clara inclinación y capacidad para integrar los drones en sus operaciones.

Por su parte, el ELN es responsable del 23% de los incidentes, lo que también lo ubica como un usuario significativo de esta modalidad de agresión.

Ante este complejo panorama, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha emitido una cápsula de análisis detallada, que no solo ofrece una visión comprensiva de la situación y sus implicaciones, sino que también formula recomendaciones estratégicas para que el Estado colombiano pueda desarrollar una respuesta efectiva y adaptada a esta creciente amenaza.

Estas recomendaciones son cruciales para diseñar políticas públicas que aborden no solo la neutralización de los drones, sino también la desarticulación de las redes de adquisición y fabricación, así como la protección de la infraestructura crítica y la población civil.

Los departamentos donde se han cometido los ataques en 2026

El mapa adjunto, que acompaña este análisis, ofrece una representación visual de la distribución geográfica de los ataques con drones registrados en Colombia durante el año 2026. Este recurso gráfico permite identificar de manera clara las zonas de mayor incidencia de esta modalidad de agresión, confirmando la concentración de la amenaza en regiones específicas del territorio nacional.

La visualización de estos datos resalta cómo los grupos armados ilegales mantienen una presencia activa y una capacidad operativa significativa en estos departamentos, utilizando los drones como una extensión de su estrategia de control territorial y confrontación con la fuerza pública. La información geográfica es fundamental para que las autoridades puedan focalizar sus esfuerzos de inteligencia y contención en las áreas más afectadas, desarrollando estrategias de seguridad diferenciadas que respondan a las particularidades de cada región.

Un fenómeno en constante evolución y adaptación: la historia de una amenaza latente

La intención de los grupos armados en Colombia de adquirir y utilizar drones no es un desarrollo reciente, sino la materialización de un interés que data de hace más de una década. Ya en el año 2009, se tuvo conocimiento del interés de las extintas FARC, a través de uno de sus líderes, Hernán Darío Velásquez, conocido con el alias de ‘El Paisa’, en incorporar este tipo de tecnología a su arsenal. Este antecedente demuestra que la búsqueda de ventajas tecnológicas ha sido una constante en la estrategia de estos grupos, adaptándose a las innovaciones disponibles en el mercado.

Sin embargo, la materialización de esta amenaza en un ataque documentado con explosivos transportados por drones ocurrió mucho después, en julio de 2023, en Puerto Guzmán, Putumayo. Este incidente, atribuido a los Comandos de la Frontera, marcó un hito significativo en la evolución de esta amenaza, al ser el primer registro de un uso ofensivo y letal de estos artefactos. Este evento no solo confirmó las capacidades de los grupos armados para armar y operar drones con fines destructivos, sino que también sirvió como un punto de inflexión, a partir del cual el uso sistemático de esta tecnología comenzó a escalar.

A partir de ese momento, el uso sistemático de drones por parte de grupos armados ilegales ha evolucionado rápidamente, pasando de ser una capacidad incipiente a una táctica consolidada y recurrente en el conflicto colombiano. La facilidad de adquisición de estos dispositivos en el mercado civil, su costo relativamente bajo en comparación con otras armas, y la dificultad para detectarlos y neutralizarlos con los sistemas de defensa tradicionales, los han convertido en una opción atractiva para estas organizaciones.

Esta evolución representa un desafío significativo para las fuerzas de seguridad del Estado, que deben desarrollar nuevas capacidades tecnológicas y operativas para contrarrestar esta amenaza emergente y proteger tanto a la población civil como la infraestructura crítica del país.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué nueva amenaza enfrenta Colombia en su seguridad aérea?

Colombia enfrenta una creciente amenaza por el uso de drones como herramientas bélicas por parte de grupos armados ilegales, transformándolos en herramientas de alto impacto que desafían el control estatal.

¿Cuál es la magnitud de los ataques con drones registrados?

Desde 2023 se han documentado 716 ataques con drones, y solo en lo que va de 2026 se registran 318, lo que equivale a un promedio de un incidente cada 20 horas.

¿Cuál fue un ataque reciente y significativo con drones?

Hace unas semanas, tres drones kamikaze atribuidos al Bloque Occidental Jacobo Arenas del EMC impactaron el radar aeronáutico 3D en Candelaria, Valle del Cauca, una infraestructura vital para la seguridad aérea del país.