Dos hermanos y la madre de una menor fueron enviados a prisión por presunta trata de personas

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar el presunto funcionamiento de un establecimiento clandestino en Villa del Rosario, Norte de Santander, donde se habrían realizado transmisiones digitales con contenido sexual explícito. Por estos hechos, dos hermanos de nacionalidad venezolana y la madre de una adolescente fueron judicializados y deberán permanecer en un centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías.

De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, las actividades se habrían desarrollado entre agosto y octubre de 2025. Durante ese periodo, una mujer de 19 años y una menor de 16 habrían sido trasladadas al inmueble para participar en transmisiones en vivo dirigidas a usuarios de plataformas digitales.

Las indagaciones señalan que las dos jóvenes debían cumplir horarios establecidos y responder a las solicitudes de los usuarios durante las sesiones, bajo condiciones orientadas a generar mayores ingresos económicos. Los pagos se efectuaban en dólares y eran recibidos por quienes administraban el lugar.

Las labores de policía judicial adelantadas por la Fiscalía apuntan a que los hermanos Carlos Alberto y Carlos José Colina Herrera habrían asumido funciones de supervisión y vigilancia dentro del establecimiento.

Según la investigación, ambos presuntamente controlaban el cumplimiento de las reglas impuestas a las jóvenes y aplicaban multas cuando consideraban que se habían presentado incumplimientos.

Estos elementos forman parte del material recopilado por las autoridades para establecer cómo operaba el sitio y determinar las responsabilidades individuales de las personas señaladas.

La Fiscalía también investiga la posible participación de la madre de la adolescente. De acuerdo con los elementos conocidos durante el proceso, la mujer habría permitido que su hija acudiera al establecimiento y participara en las actividades sexuales transmitidas por internet. La presunta intervención de la madre constituye uno de los aspectos centrales del caso, debido a que la investigación involucra a una persona menor de edad y posibles conductas relacionadas con su explotación sexual.

Una fiscal de la Seccional Norte de Santander imputó a los tres procesados, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de trata de personas agravada y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años.

La imputación corresponde a la etapa judicial en la que la Fiscalía comunica formalmente los delitos que atribuye a los investigados. Los cargos deberán ser examinados dentro del proceso, conforme a las pruebas y las garantías legales correspondientes.

Los tres señalados no aceptaron las imputaciones presentadas por el ente acusador. Esta decisión significa que no admitieron responsabilidad por los delitos atribuidos y que el proceso continuará por las vías judiciales establecidas. Tras la actuación judicial, un juez de control de garantías dispuso que los dos hermanos y la madre de la adolescente cumplan medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.

La decisión busca garantizar las condiciones procesales definidas por la autoridad judicial mientras avanza el caso. La medida de aseguramiento no equivale a una condena, por lo que la responsabilidad penal de los procesados deberá determinarse en el desarrollo del proceso.

La Fiscalía continúa con las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos y establecer el grado de participación de cada uno de los investigados. El caso pone bajo investigación el presunto uso de plataformas digitales para desarrollar actividades de explotación sexual, así como los mecanismos de control que habrían sido utilizados sobre las víctimas.

Uno de los puntos relevantes del expediente es la presunta participación de una adolescente, circunstancia que motivó la imputación de un delito relacionado con el ofrecimiento de actividades sexuales de menores de edad a través de medios de comunicación.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Quiénes fueron enviados a prisión y por qué razón?

Dos hermanos de nacionalidad venezolana y la madre de una adolescente fueron enviados a prisión por su presunta participación en un caso de trata de personas y explotación sexual. La Fiscalía les imputó cargos por estos delitos.

¿Qué actividades se realizaban en el establecimiento investigado?

En el lugar, ubicado en Villa del Rosario, se habrían realizado transmisiones digitales con contenido sexual explícito, donde una mujer de 19 años y una menor de 16 participaban en vivo para usuarios de plataformas digitales. Las jóvenes debían cumplir horarios y responder a solicitudes de usuarios para generar ingresos.

¿Qué cargos imputó la Fiscalía a los procesados y cuál fue la decisión judicial?

La Fiscalía imputó los delitos de trata de personas agravada y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores de 18 años. Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en un centro carcelario para los tres procesados, quienes no aceptaron los cargos.