Denuncia ante la Fiscalía advirtió presuntas irregularidades en contrato de $473 millones del Fondo Colombia en Paz

Una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la Nación puso bajo revisión el contrato de prestación de servicios 1937 de 2024, suscrito por el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 con el contratista Julio César González Quiceno, conocido como “Matador”. El documento plantea posibles irregularidades relacionadas con la contratación directa, la estructuración del negocio, la supervisión, las certificaciones y los pagos efectuados durante su ejecución.

La denuncia fue presentada por Carlos Andrés Ríos Puerta, en calidad de consejero comisionado de Paz encargado, quien manifestó actuar en cumplimiento del deber previsto en el artículo 67 de la Ley 906 de 2004. El escrito solicita que los hechos sean examinados por las autoridades competentes, sin anticipar conclusiones sobre la responsabilidad de las personas que intervinieron en el proceso.

Según la documentación citada en la denuncia, el contrato fue firmado en Bogotá el 11 de octubre de 2024. El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, integrado por Fiduprevisora S. A., Fiducoldex S. A., Fiducentral S. A. y Fidugraria S. A., actuó como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz (PA-FCP).

El negocio contractual contempló inicialmente un valor de $257.040.000, incluido el impuesto al valor agregado (IVA), con pagos mensuales de $21.420.000. El plazo establecido fue de doce meses, con acta de inicio del 17 de octubre de 2024 y fecha de terminación prevista para el 17 de octubre de 2025.

Como respaldo presupuestal, el documento identifica el certificado de disponibilidad presupuestal número 10609, expedido el 19 de septiembre de 2024. La aprobación del contrato quedó consignada en el acta 472 del Comité Fiduciario, fechada el 9 de octubre de ese año, dos días antes de la firma.

La modalidad de selección registrada fue la contratación directa bajo la figura intuitu personae, con fundamento en el Manual de Contratación del Fondo Colombia en Paz, versión 32.

Uno de los elementos consignados en el documento es el otrosí número 1, firmado el 19 de diciembre de 2024. La modificación fue recomendada por el Comité Técnico el 5 de diciembre y aprobada por el Comité Fiduciario en su sesión 485, celebrada el 11 de diciembre.

De acuerdo con la información incorporada en la denuncia, el otrosí estableció un valor de $216.000.000, con mensualidades de $18.000.000. También modificó la obligación número 2 y amplió el lugar de ejecución a todo el territorio nacional.

La suma del valor inicial y la modificación asciende a $473.040.000. Este monto corresponde al valor contractual resultante de agregar las dos cifras consignadas en la documentación, sin que ello constituya, por sí mismo, una determinación sobre la legalidad de los pagos o la ejecución de los recursos.

El escrito señala que los hechos fueron organizados a partir de dos fuentes documentales. La primera corresponde a los documentos contractuales y los archivos disponibles en una carpeta compartida de Google Drive denominada “INFORMES UNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN”, cuyo inventario parcial se incorpora como anexo.

La segunda comprende la revisión institucional de informes y soportes de ejecución que, según la información suministrada por el equipo revisor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), fueron remitidos por correo electrónico desde la supervisión ejercida por Gloria Isabel Cuartas Montoya.

La denuncia indica que la revisión abarca los doce periodos mensuales del contrato como universo de control. Sin embargo, aclara que no se afirma disponer de soportes completos correspondientes a todos ellos.

Por esa razón, solicita incorporar al expediente los mensajes originales, sus archivos adjuntos y la trazabilidad de los correos, con el propósito de identificar la fuente documental de cada hallazgo.

En sus antecedentes, el documento recuerda que el Fondo Colombia en Paz fue creado mediante el Decreto Ley 691 de 2017 como un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, destinado a articular, administrar y ejecutar recursos relacionados con la implementación del Acuerdo Final de Paz y las acciones vinculadas con el posconflicto.

La denuncia también plantea que, aunque el artículo 3 de esa norma somete los actos y contratos del Fondo al derecho privado, esa condición no elimina los deberes de legalidad, igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, publicidad y transparencia derivados del artículo 209 de la Constitución.

Preguntas y respuestas de contexto

¿De qué se trata la denuncia presentada ante la Fiscalía?

Se investigan presuntas irregularidades en la contratación, ejecución y pagos del contrato 1937 de 2024 del Fondo Colombia en Paz, el cual suma un total de $473 millones de pesos.

¿Quién es el contratista involucrado y cuál era el objeto del contrato?

El contrato de prestación de servicios fue suscrito con Julio César González Quiceno, conocido como “Matador”, bajo la modalidad de contratación directa por un periodo inicial de doce meses.

¿Qué aspectos específicos pide revisar la denuncia?

Solicita examinar la legalidad de la selección directa, las modificaciones contractuales mediante un otrosí y la veracidad de los soportes de ejecución remitidos por la supervisión del contrato.