CTI inspeccionó la Dirección Nacional de Bomberos por contratos de emergencia que suman $62.256 millones

La diligencia

En la tarde de ayer jueves, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) llegaron a la sede de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC) en Bogotá. Según la Fiscalía, actuaron por una orden de policía judicial expedida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, con el fin de “recopilar evidencia y elementos materiales probatorios”.

La actuación está en etapa de indagación preliminar. En esta fase la Fiscalía verifica si ocurrieron hechos que podrían constituir delito y quiénes participaron en ellos. No existen personas imputadas ni capturadas. El ente acusador no ha revelado qué documentos se llevó.

Los contratos bajo la lupa

En febrero de 2026, un frente frío afectó a ocho departamentos y dejó cerca de 250.000 damnificados. El gobierno del entonces presidente Gustavo Petro declaró una emergencia de 30 días. La DNBC acudió a la urgencia manifiesta, una figura que permite contratar de forma directa, sin licitación, para atender situaciones excepcionales.

Con ese mecanismo se firmaron cuatro contratos por un valor inicial de $41.992 millones. Con las adiciones llegaron a $62.256 millones, de los cuales se habrían pagado $54.966 millones. Los contratistas fueron:

• Multisolutions America S.A.S., por cerca de $25.698 millones.

• Makei Soluciones y Asesorías S.A.S., por unos $24.063 millones.

• Representaciones Fonina S.A.S., por $3.940 millones.

• Representaciones Químicas de Colombia RQC S.A.S., por $1.263 millones.

Lo que señala la auditoría

La investigación penal parte de una auditoría forense del Ministerio del Interior. El ministro Rodrigo Lara Restrepo la entregó en los primeros días de octubre a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Sus conclusiones son preliminares y aún no han sido validadas por una autoridad judicial.

De acuerdo con el documento, solo unos $313 millones se habrían destinado a atender las inundaciones. El resto se habría usado en equipos contra incendios, como trajes, equipos de respiración autónoma y material para manejar sustancias peligrosas.

La auditoría también indica que algunos contratos se firmaron después de vencidos los 30 días de la emergencia y mientras regía la Ley de Garantías, que restringe la contratación directa en época electoral. Según el informe, las facturas de mayor valor se emitieron el 22 de junio de 2026, un día después de la segunda vuelta presidencial.

En el caso de Makei, la auditoría señala que la empresa debía entregar 744 elementos, pero en el acta de recepción solo figuran 671. Según el documento, parte de los bienes que se dieron por recibidos permanecieron durante meses en bodegas del proveedor en Barranquilla. “Acredita que recibe los cascos y los materiales, pero a la vez acredita que los deja en la bodega del vendedor”, dijo el ministro Lara.

Posibles delitos y versión de los implicados

Según la información divulgada, los hechos podrían encuadrarse en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento público y peculado por apropiación. Esta última conducta consiste en que un servidor público se apropie de recursos del Estado o permita que un tercero lo haga. Ahora la Fiscalía deberá decidir si cita a interrogatorio a exfuncionarios y contratistas y si formula imputaciones.

Ángela Infante, gerente de Makei, rechazó los señalamientos, “No es cierto que no se hayan entregado los kits para los bomberos”. Según ella, los elementos se distribuyeron entre los cuerpos de bomberos al final del gobierno anterior. Hasta el cierre de esta nota no se conocían pronunciamientos de las otras tres empresas ni de los exdirectivos de la DNBC.

La Procuraduría y la Contraloría recibieron la misma auditoría. Hasta ahora no han anunciado la apertura de procesos disciplinarios ni fiscales por este caso. Todas las personas vinculadas a los hechos se presumen inocentes mientras no exista una decisión judicial en firme.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué el CTI inspeccionó la Dirección Nacional de Bomberos?

La Fiscalía busca recopilar pruebas por presuntas irregularidades en cuatro contratos firmados directamente durante una emergencia invernal en 2026, los cuales suman más de 62.000 millones de pesos.

¿Cuáles son las principales anomalías detectadas en los contratos?

Una auditoría del Ministerio del Interior señala que solo una mínima parte del dinero se usó para la emergencia y que hubo fallas en la entrega de equipos, además de posibles violaciones a la Ley de Garantías.

¿Qué delitos se estarían investigando en este caso?

La indagación preliminar apunta a posibles delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento público y peculado por apropiación.