Crece el escándalo. Fiesta en cárcel de Itagüí desata polémica y lleva a suspensión de diálogos con cabecillas criminales. Habló el ministro de Justicia

La realización de una fiesta al interior de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, en Antioquia, ha generado una fuerte controversia a nivel nacional. El evento, en el que habrían participado algunos de los principales cabecillas de organizaciones criminales urbanas, acusados de narcotráfico, extorsión y homicidios, y recluidos en ese centro penitenciario, puso en evidencia fallas en los controles internos y provocó decisiones inmediatas por parte del Gobierno.

El caso, que salió a la luz pública tras denuncias y la difusión de videos por parte de la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, conocida como “la Dama de Hierro”, ha abierto un debate sobre las condiciones bajo las cuales se desarrollan los diálogos entre el Estado y estructuras criminales, así como sobre los beneficios otorgados a estos internos en el marco de dichos procesos.

Fallas en los controles y explicaciones del Gobierno

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se pronunció a través de medios radiales sobre lo ocurrido y señaló que la situación evidenció deficiencias en los filtros de control para el ingreso de elementos no autorizados al establecimiento carcelario.

De acuerdo con el funcionario, el problema principal radicó en que no se realizó una solicitud formal para llevar a cabo la actividad. Indicó que, de haberse tramitado un permiso oficial, la situación habría sido evaluada por las autoridades correspondientes.

El ministro también explicó que los cabecillas recluidos en el centro penitenciario "no son narcotraficantes" y cuentan con un régimen especial en el contexto de los diálogos que adelantan con el Gobierno. Este esquema contempla beneficios diferenciados frente a la población carcelaria general, entre ellos la posibilidad de recibir visitas no solo los fines de semana, sino también los miércoles.

Según detalló, estas visitas adicionales tienen como objetivo facilitar encuentros con abogados o contactos relacionados con los procesos de diálogo, y se desarrollan en espacios específicos dentro del penal destinados para tal fin. Estos son los mismos delincuentes que el presidente Petro subió a la tarima en el acto de la plazoleta de la Alpujarra, el mes de junio de 2025, movidos por la senadora Isabel Zuleta y que la tiene en investigaciones por abuso de su posición como senadora.

Las explicaciones del ministro Cuervo llamaron la atención de los panelistas de los programas radiales durante la mañana de este viernes, al escucharlo negar que los delincuentes protagonistas de esta fiesta ilegal dentro de la cárcel sean narcotraficantes, cuando varios de ellos, condenados, precisamente han sido por narcotráfico y cuando varios de los cabecillas dirigen bandas que tuvieron su origen y continúan ejerciendo como oficinas de cobro del narcotráfico.

Medidas tras el escándalo

Como consecuencia de lo ocurrido, el Gobierno, señaló Cuervo, adoptó decisiones inmediatas. Entre ellas, la remoción de los directivos de la cárcel de Itagüí, quienes serán objeto de investigaciones para establecer posibles responsabilidades en los hechos.

Asimismo, se anunció la suspensión temporal de los diálogos que se venían adelantando con los cabecillas de las estructuras criminales recluidas en ese centro penitenciario, mientras se esclarecen las circunstancias en las que se desarrolló la celebración.

El Ejecutivo también indicó que se encuentra evaluando la posibilidad de retirar o modificar algunos de los beneficios otorgados a estos internos en el marco de los procesos de negociación.

Por su parte, Isabel Zuleta, la senadora que ha propiciado los beneficios y que hizo las gestiones para llevar a los peligrosos delincuentes para que posaran con el presidente Petro en el "tarimazo" de junio, apareció en redes sociales rechazando la fiesta, en lo que ha sido calificado como una "lavada de manos" de quien propició esta situación; por parte de los concejales Andrés Tobón y Claudia Carrasquilla.

Intervención de organismos de control

La Procuraduría General de la Nación también se pronunció sobre el caso y reiteró la necesidad de reforzar los controles al interior de los establecimientos penitenciarios para evitar situaciones similares. Señaló que recurrentemente ha dado directrices sobre el respeto a los reglamentos del INPEC y ha recordado a los funcionarios las sanciones a las que se exponen, pues no es la primera vez que este tipo de actos se han producido en las cárceles del país.

El organismo de control señaló que ha realizado llamados reiterados a las autoridades competentes para prevenir este tipo de hechos, que comprometen la seguridad y el orden dentro de los centros de reclusión.

La investigación buscará determinar cómo fue posible el ingreso de personas, equipos y elementos necesarios para la realización del evento, así como establecer si hubo fallas en los protocolos o incumplimientos de las normas vigentes. Por lo pronto, un teniente, encargado ese día de la cárcel, y dos dragoniantes serán los directamente investigados, pues el director de la cárcel no estaba presente ese día de la fiesta.

Detalles del evento y denuncias

La polémica fiesta habría tenido un costo superior a los 500 millones de pesos, según las denuncias conocidas. Parte de estos recursos, cerca de 100 millones de pesos, habrían sido destinados a la contratación del cantante de música vallenata, Nelson Velásquez, para amenizar la celebración. El concejal Andrés Tobón, quien en el primer gobierno de Federico Gutiérrez fue secretario de Seguridad, reveló que un segundo cantante de apellido Posada estuvo en la cárcel. Posada sería cantante de música popular y a él se le habría pagado 50 millones de pesos. El resto de los costos de la fiesta, según Tobón, fueron destinados para pagar a la guardia penitenciaria del INPEC, la comida y mujeres prepago.

El caso fue dado a conocer por la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, quien denunció públicamente lo ocurrido, y por el también concejal Andrés Tobón, quien difundió videos relacionados con el evento. Ambos han venido realizando seguimiento a temas de seguridad en la ciudad. Según Tobón, la fiesta habría sido financiada por alias Douglas, el jefe de la temida banda de "La Terrarza", aunque el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, señala que este delincuente no estuvo presente en la fiesta, ya que estaba en otro patio con su familia. Esta versión nace de una carta de "Douglas" quien además le pide a Carrasquilla y a Tobón que investiguen más y revelen los verdaderos financiadores de la polémica fiesta ilegal.

Las imágenes divulgadas muestran una celebración al interior del penal, lo que generó cuestionamientos sobre las condiciones de reclusión de los internos y el cumplimiento de las normas en un centro considerado de alta seguridad. Las imágenes muestran principalmente la tarima con el músico; además, varias fotos muestran a los delincuentes, otras personas y mujeres en el pasillo exterior de la cárcel en la zona de ingreso.

Debate sobre beneficios y política de seguridad

El episodio ha reavivado el debate sobre los alcances de los beneficios otorgados a personas privadas de la libertad en el marco de procesos de diálogo con el Estado. En particular, se ha puesto en discusión si estas medidas cuentan con los controles suficientes para evitar abusos o situaciones que comprometan la autoridad institucional. Para los panelistas radiales en la mañana del viernes, no se entiende por qué tienen una oficina en la cárcel para atender a sus subalternos que continúan sus acciones en las calles y para atender abogados los días miércoles.

Desde distintos sectores se han planteado cuestionamientos sobre la flexibilidad en el régimen de estos internos, mientras que el Gobierno ha insistido en que dichos beneficios están orientados a facilitar los procesos de negociación y desmantelamiento de estructuras criminales. Claudia Carrasquilla cuestionó que son estos mismos delincuentes que hoy hacen la fiesta ilegal en la cárcel, a los que el gobierno de Gustavo Petro le pidió a la Fiscalía que levantara las órdenes de captura; otro de los beneficios que llamó la atención del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pues para ellos ha sido extraño que se les levantara las órdenes de captura, en momentos en los que se desarrolla la etapa electoral para la presidencia.

Un caso en desarrollo

La investigación en torno a la fiesta en la cárcel de Itagüí continúa en curso y se espera que en los próximos días se conozcan avances sobre las responsabilidades y las posibles sanciones derivadas de los hechos.

El caso se mantiene en el centro del debate público, no solo por la naturaleza de lo ocurrido, sino por sus implicaciones en materia de seguridad, política criminal y manejo del sistema penitenciario.

Mientras se desarrollan las indagaciones, las autoridades han reiterado la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en los centros de reclusión y de garantizar que cualquier beneficio otorgado a los internos se enmarque estrictamente en la ley y en los objetivos de la política pública.