Corte Suprema llamó a indagatoria a la exrepresentante Gloria Arizabaleta por presunto tráfico de influencias para proteger q Petro de investigación

La Corte documentó reuniones con el abogado del presidente y el secretario de la Comisión de Acusación

En la providencia conocida, cuyo magistrado ponente es Misael Rodríguez, la Corte Suprema recopiló varios elementos probatorios relacionados con reuniones sostenidas entre Gloria Arizabaleta, el abogado del presidente Gustavo Petro, Pedro Alejandro Carranza Cepeda, y el entonces secretario de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, Jairo Corzo.

De acuerdo con el expediente, el análisis gira alrededor de un presunto tráfico de influencias que habría sido ejercido por la excongresista mientras hacía parte de la Comisión encargada de investigar al jefe de Estado.

La decisión no constituye un pronunciamiento de responsabilidad penal, sino el inicio de una etapa procesal en la que la exrepresentante deberá rendir su versión de los hechos ante la Corte.

Las cuatro líneas de investigación

El auto de la Sala de Instrucción identifica cuatro situaciones que son objeto de análisis.

La primera hace referencia a presuntas solicitudes o exigencias que, según la Corte, Gloria Arizabaleta habría realizado al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y de manera indirecta al presidente Gustavo Petro, a través de su abogado Pedro Alejandro Carranza.

Según el documento judicial, esas solicitudes tendrían relación con decisiones que se tramitaban dentro de la Comisión de Investigación y Acusación respecto de procesos adelantados contra el mandatario.

El segundo aspecto corresponde a la decisión adoptada por la entonces congresista el 10 de junio de 2026 dentro de una actuación disciplinaria que ella misma ordenó abrir un día antes contra el presidente de la República.

Para la Corte, existen elementos que permitirían analizar si el auto mediante el cual dispuso la suspensión del jefe de Estado desconocía el régimen constitucional y legal aplicable para ese tipo de actuaciones.

Nombramientos y decisiones reservadas bajo investigación

La tercera línea investigativa está relacionada con un presunto uso indebido de influencias ante la entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Nhora Mondragón.

Según el expediente, el 20 de febrero de 2026 Arizabaleta habría solicitado el nombramiento de una persona específica para un cargo directivo en Fiduprevisora.

El cuarto hecho examinado por la Corte corresponde a la presunta entrega al abogado del presidente de un borrador de decisión elaborado por el denominado “triunvirato” investigador de la Comisión de Acusación dentro del expediente relacionado con la presunta violación de topes de financiación de la campaña presidencial de 2022.

De acuerdo con la providencia, el documento contenía una propuesta de decisión inhibitoria dentro de esa actuación y habría sido compartido antes de su adopción oficial.

El testimonio del abogado Pedro Carranza

Uno de los principales soportes de la decisión corresponde al testimonio rendido por Pedro Alejandro Carranza Cepeda, abogado del presidente Gustavo Petro.

Según la declaración citada por la Corte, durante una reunión Gloria Arizabaleta manifestó que “le habían pedido suspender” al presidente y sostuvo conversaciones sobre las mayorías necesarias para adoptar decisiones dentro de la Comisión de Acusación.

El testimonio señala que la entonces congresista hizo un cálculo de los votos con los que contaría una eventual decisión adversa para el mandatario y afirmó que el Gobierno debía “buscar los votos”.

Carranza relató igualmente que le manifestó a Arizabaleta su preocupación por ese tipo de conversaciones y le expresó que consideraba inconveniente abordar asuntos políticos relacionados con decisiones judiciales.

La versión que entregó el abogado del presidente

De acuerdo con la providencia, Pedro Carranza aseguró a los investigadores que rechazó cualquier posibilidad de intervenir en negociaciones o acuerdos relacionados con los procesos que cursaban en la Comisión de Acusación.

El abogado declaró que, durante la conversación, Gloria Arizabaleta manifestó sentirse inconforme porque, según ella, el presidente Gustavo Petro no atendía sus llamadas ni respondía sus mensajes.

También indicó que la exrepresentante expresó su molestia frente al entonces ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmando que este no había cumplido determinados compromisos, sin precisar en la providencia el contenido de esos presuntos compromisos.

Carranza sostuvo ante la Corte que respondió reiteradamente que no quería participar en asuntos distintos al análisis jurídico de los procesos y que le advirtió a la excongresista que el presidente podría interpretar esas manifestaciones como una eventual extorsión.

Según el relato incorporado en el expediente, el abogado se comprometió únicamente a informar al mandatario sobre la conversación sostenida, utilizando —según dijo— “las mejores formas” para transmitir lo ocurrido.

La investigación continúa

Con el llamado a indagatoria, la Corte Suprema de Justicia abre una nueva etapa procesal dentro de la investigación contra Gloria Arizabaleta.

Será durante esa diligencia cuando la exrepresentante tenga la oportunidad de ejercer plenamente su derecho de defensa, responder a los señalamientos formulados por el alto tribunal y presentar las pruebas o explicaciones que considere pertinentes frente a los hechos investigados.

Hasta el momento, la decisión judicial corresponde a una actuación propia de la etapa de instrucción y no constituye una declaración de responsabilidad penal, proceso que continuará conforme a las garantías previstas en el ordenamiento jurídico colombiano.