Corte Suprema condena a cuatro años de prisión domiciliaria a exmagistrado que usó una tutela para reabrir la condena de un exalcalde de Aguazul

La pena impuesta

La sentencia, identificada como SEP 136-2026 y fechada el 7 de octubre, con ponencia de la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila, fija una pena de 48 meses de prisión, una multa equivalente a 66,66 salarios mínimos mensuales vigentes para la época de los hechos y una inhabilidad de 80 meses para ejercer derechos y funciones públicas. La decisión se conoció públicamente este 14 de octubre.

La Corte le concedió la prisión domiciliaria, que deberá cumplir una vez el fallo quede en firme. Para ello tendrá que firmar un acta de compromiso y pagar una caución equivalente a un salario mínimo. El alto tribunal tuvo en cuenta su edad (69 años), sus vínculos familiares y sociales, que compareció al proceso en libertad, que atendió los requerimientos judiciales y que dejó la judicatura en febrero de 2013.

El 28 de agosto pasado la Sala ya había anunciado el sentido condenatorio del fallo; en ese momento consideró innecesario ordenar su captura y aplazó para la sentencia la definición de la pena y de los posibles beneficios.

Una tutela que fue más allá de su alcance

El origen del caso es la condena contra Ramírez, a quien el Tribunal Superior de Yopal sentenció a 265 meses y 15 días de prisión, cerca de 22 años, por peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El 13 de septiembre de 2011 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema inadmitió la demanda de casación de su defensa, con lo que la condena quedó en firme.

La casación es un recurso extraordinario que solo permite revisar si una sentencia violó la ley; al no ser admitida, el proceso quedaba terminado. Sin embargo, la defensa del exalcalde acudió a una acción de tutela, el mecanismo para proteger derechos fundamentales. En agosto de 2012, la sala del Consejo Seccional negó el amparo, aunque pidió al Tribunal de Yopal aclarar algunos aspectos del fallo, cosa que este hizo en septiembre.

El 28 de septiembre de 2012, Ibagué firmó un auto unipersonal en el que ordenó al tribunal cumplir la tutela y abrir términos para que las partes intervinieran de nuevo. Según la Corte, esa orden desbordó lo decidido en el amparo y fue "manifiestamente contraria a la ley". Como consecuencia, se canceló la orden de captura contra Ramírez, se declaró la prescripción de varios delitos y se concedió indebidamente un nuevo recurso de casación. En noviembre de 2012, la condena por peculado se mantuvo, pero la pena se redujo a 100 meses.

Los argumentos de la defensa

La defensa sostuvo que el exmagistrado buscaba proteger derechos fundamentales, que las decisiones posteriores fueron del propio Tribunal de Yopal y que un error jurídico no basta para probar un delito ni la intención de favorecer al exalcalde.

La Sala rechazó la tesis de una simple diferencia interpretativa. Concluyó que Ibagué actuó con dolo, es decir, con conocimiento y voluntad, teniendo en cuenta su trayectoria como abogado, docente y juez, y que sus propios compañeros de sala le advirtieron durante las deliberaciones que la tutela no podía usarse para revivir un proceso ya terminado.

¿Qué sigue?

El prevaricato por acción es el delito que comete un servidor público cuando profiere una resolución, dictamen o concepto abiertamente contrario a la ley. Al tratarse de una decisión de primera instancia, el fallo aún no está en firme y la defensa puede impugnarlo ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, que resolvería en segunda instancia. Hasta entonces, el exmagistrado conserva la presunción de inocencia.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué fue condenado el exmagistrado José Albino Ibagué?

Fue condenado por el delito de prevaricato por acción tras emitir en 2012 una orden ilegal que revivió un proceso penal ya cerrado contra el exalcalde de Aguazul, Carlos Arturo Ramírez.

¿Cuál es la pena impuesta por la Corte Suprema de Justicia?

La sentencia establece 48 meses de prisión domiciliaria, una multa de 66,66 salarios mínimos y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 80 meses.

¿Cómo benefició la decisión del exmagistrado al exalcalde de Aguazul?

Su orden permitió que se cancelara la captura de Ramírez, se declarara la prescripción de varios delitos y se redujera su condena inicial de 22 años a poco más de 8 años de prisión.