Corte Suprema abrió indagación por presunto prevaricato contra miembros de la Comisión de Acusación que reclamaron el caso Uribe

El proceso nació de una denuncia presentada el pasado 3 de septiembre de 2026 por el ciudadano Omar Alberto Franco Becerra. El expediente fue repartido por sorteo al magistrado César Augusto Reyes, quien ordenó las primeras diligencias. Tras la salida de Reyes de la Corporación, el caso pasará al despacho de la magistrada Susana Quiroz Hernández.

Según información que la carta enviada a la Fiscalía fue firmada por el presidente de la Comisión, el representante Carlos Alberto Cuenca Chaux.

Como parte del trámite, la Comisión de Acusación remitió a la Corte el 1 de octubre un paquete de 2.322 folios con la proposición aprobada, las actas de sesión, los registros de votación y el documento con el que reclamó la competencia. Su secretaría informó que no tenía en su poder documentos adicionales elaborados por los autores de la proposición antes de radicarla.

El trasfondo es un choque institucional sobre quién debe investigar al exmandatario. El 19 de agosto, la Comisión aprobó de manera unánime plantear una colisión de competencias frente a la Fiscalía General de la Nación. Una semana después, el 26 de agosto, envió una carta a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en la que solicitó el traslado del expediente.

El argumento de los congresistas es que parte de los hechos, relacionados con la presunta conformación del grupo paramilitar que operó en la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe, y que más tarde se conocería como Bloque Metro, se habrían extendido hasta 2003, cuando Uribe ya era presidente de la República (2002-2010). Por eso, sostienen, la Cámara sería su "juez natural", pues la Constitución le asigna la investigación de los delitos que se atribuyan a los expresidentes por hechos cometidos en ejercicio del cargo.

La Fiscalía rechazó esa tesis y defiende que conserva la competencia, al tratarse de hechos vinculados al periodo en que Uribe fue gobernador de Antioquia (1995-1997), cuando no contaba con fuero presidencial.

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema adelanta el proceso por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. Los hechos incluyen la masacre de La Granja (1996) y la de El Aro (1997), ambas en Ituango, así como el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo (1998). El 18 de junio, Uribe informó que había sido citado a indagatoria por estos casos. El exmandatario ha sostenido de manera reiterada que no tiene relación con los hechos investigados, y frente a él rige la presunción de inocencia.

El conflicto de competencias llegó a la Corte Constitucional, encargada de dirimir este tipo de choques entre jurisdicciones. El asunto fue asignado al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien prepara la ponencia que discutirá la Sala Plena. Esa decisión definirá si el caso permanece en manos de la Fiscalía o pasa al Congreso.

Paralelamente, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, competente para investigar a los congresistas por su condición de aforados, evaluará con las pruebas recaudadas si archiva la indagación o si abre investigación formal contra los representantes denunciados.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa?

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema inició una indagación por presunto prevaricato contra miembros de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

¿Cuál es el motivo de la indagación contra los congresistas?

Se les indaga por la decisión de reclamar a la Fiscalía la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, relacionada con hechos de violencia en Antioquia en la década de los noventa.

¿Cuál es el trasfondo del conflicto de competencias?

Existe un choque institucional sobre quién debe investigar al expresidente Uribe: la Comisión de Acusación argumenta que los hechos se extendieron hasta su presidencia, mientras la Fiscalía defiende su competencia por tratarse de su periodo como gobernador.