Corte Constitucional pide cuentas al Gobierno antes de decidir si aplaza la reforma pensional hasta 2028

Qué pidió la Corte

La magistrada ponente Paola Andrea Meneses, presidenta de la corporación, ordenó a las entidades del Estado involucradas explicar qué medidas adoptaron desde el 16 de julio de 2024, cuando se expidió la Ley 2381, para preparar la transición al nuevo modelo. El requerimiento hace énfasis en el periodo comprendido hasta el 17 de junio de 2025, fecha en que el Auto 841 de 2025 devolvió la ley a la Cámara de Representantes para corregir un vicio de trámite.

Si no se tomaron medidas en ese lapso, las entidades deberán exponer las razones. Además, tendrán que sustentar con argumentos técnicos, jurídicos, logísticos, financieros y presupuestales por qué consideran necesario el aplazamiento hasta 2028.

La Corte también solicitó cifras concretas: cuánto dinero se necesita para arrancar en abril de 2027, cuántos recursos están ya provisionados, si estos alcanzan para pagar las mesadas en los términos del fallo y cuánto ha recibido Colpensiones por traslados de afiliados desde los fondos privados (régimen de ahorro individual, RAIS) hacia el régimen público (régimen de prima media, RPM). De aprobarse el aplazamiento, las entidades deberán estimar cuántas personas adicionales podrían acogerse al régimen de transición y qué costo tendría.

Las tres solicitudes sobre la mesa

El 22 de septiembre, Colpensiones radicó dentro del expediente D-15989 una petición de "modulación de los efectos temporales" de la sentencia, es decir, que la Corte ajuste la fecha a partir de la cual se aplica su decisión. La entidad argumenta que requiere más tiempo para la migración masiva de información, las pruebas técnicas y la interoperabilidad con el Ministerio de Hacienda, la UGPP y los fondos privados.

Ese mismo día, el Ministerio de Hacienda promovió un incidente de impacto fiscal, un mecanismo previsto en la Constitución para que el Gobierno advierta a una alta corte sobre los efectos de una sentencia en las finanzas públicas. La cartera estima que aplicar la reforma desde abril de 2027 costaría cerca de 5 billones de pesos, recursos que, según reportó Portafolio, no están incluidos en el Presupuesto General de la Nación de 2027.

Por su parte, el Banco de la República pidió una aclaración para saber desde cuándo puede comprometer gastos y contratos destinados a preparar el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que quedará bajo su administración.

Voces a favor y en contra

La petición no ha sido pacífica. Martha Peralta, ponente de la Ley 2381 en el Congreso, pidió a la Corte declarar improcedente la solicitud de Colpensiones, no abrir el incidente de impacto fiscal y mantener el 1 de abril de 2027 como fecha de inicio. La Procuraduría General de la Nación y Asofondos también podrán pronunciarse.

Lo que sigue

Mientras la Corte no decida, la fecha oficial sigue siendo el 1 de abril de 2027. El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, recordó que ninguna de las solicitudes suspende automáticamente el calendario. En paralelo, la Cámara de Representantes tiene plazo hasta finales de octubre para subsanar los nueve artículos que el alto tribunal devolvió por vicios de trámite. La Sala Plena deberá definir, una vez reciba las respuestas, si mantiene, ajusta o pospone la entrada en vigor del nuevo sistema pensional.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué está haciendo la Corte Constitucional con la reforma pensional?

La Corte Constitucional está pidiendo información detallada al Gobierno antes de decidir si aplaza la entrada en vigor de la reforma pensional, que actualmente está fijada para el 1 de abril de 2027.

¿Por qué se está considerando aplazar la entrada en vigor de la reforma?

Se considera el aplazamiento hasta el 1 de abril de 2028 debido a las solicitudes de entidades como Colpensiones y el Ministerio de Hacienda, quienes argumentan necesidades de más tiempo para la migración de información, pruebas técnicas y la falta de presupuesto para iniciar en 2027.

¿Qué entidades deben rendir cuentas a la Corte?

La magistrada Paola Andrea Meneses requirió a Colpensiones, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio del Trabajo y al Banco de la República para que expliquen las medidas tomadas y justifiquen la necesidad de un posible aplazamiento.