Corte Constitucional advierte que los centros de detención transitoria "no pueden ser cárceles": hacinamiento supera el 94 %

La Corte Constitucional realizó en el Palacio de Justicia de Bogotá, una audiencia pública para verificar el cumplimiento de sus órdenes sobre el llamado estado de cosas inconstitucional (ECI) en cárceles y centros de detención. Esta figura jurídica la usa el alto tribunal cuando constata una violación masiva y persistente de derechos fundamentales que exige acciones coordinadas de varias entidades del Estado.

La diligencia, que se extendió por cerca de nueve horas, fue presidida por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Sala Especial de Seguimiento. El tribunal revisó el avance de las sentencias T-388 de 2013, T-762 de 2015, SU-122 de 2022 y SU-512 de 2024, con las que declaró y amplió el ECI a las cárceles y a los centros de detención transitoria. Ibáñez calificó la situación como una "tragedia humanitaria".

Según el balance expuesto por el magistrado, con corte al 24 de agosto de 2026, el país cuenta con 1.144 centros de detención transitoria: 1.065 salas en estaciones y subestaciones de Policía y 79 en Unidades de Reacción Inmediata (URI). Su capacidad es de 9.686 personas, pero allí permanecían 18.824, de las cuales 18.150 no tenían condena. Esto representa un hacinamiento del 94,34 %.

De ese total, 17.292 personas superaban el límite constitucional de 36 horas que pueden durar estas detenciones provisionales. Además, unos 2.384 policías deben custodiarlas, pese a no ser personal de guardia penitenciaria, lo que los aparta de sus labores de seguridad ciudadana. El magistrado reconoció, sin embargo, que el índice ha bajado frente a años anteriores, cuando superaba el 136 %.

En los 124 establecimientos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con datos al 26 de agosto, había 101.543 personas privadas de la libertad para 80.992 cupos, es decir, un exceso de 20.551 internos y un hacinamiento del 25,3 %.

Ibáñez cuestionó lo que denominó el "pimponeo" entre la Nación y los entes territoriales, que se trasladan mutuamente la responsabilidad por las personas detenidas sin condena. Propuso articular el Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto General de la Nación y una reforma a los sistemas de participaciones y regalías para financiar infraestructura, y revisar los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 65 de 1993, el Código Penitenciario.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, sostuvo que la responsabilidad es compartida y planteó ajustes normativos, administrativos y de gestión. Afirmó que la política del Gobierno incluye la construcción de nuevas cárceles, algunas de ellas de gran capacidad, cuya estructuración anunciaría próximamente, y un plan de deshacinamiento que contempla trasladar a los condenados que hoy están en estaciones de Policía.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, presentó compromisos en salud mental de la población reclusa, entre ellos una mesa técnica interinstitucional en noviembre y una guía transitoria de atención en el primer trimestre de 2027.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que la capacidad del sistema apenas pasó de 78.420 cupos en 2016 a 81.025 en junio de 2026, y que desde 2024 se han perdido 1.027 plazas. Recomendó terminar los 14 proyectos de obra en curso y contabilizar un cupo solo cuando funcione plenamente, con personal, agua y servicios de salud.

Al cierre, el magistrado Ibañez señaló que los centros de detención transitoria "no pueden ser cárceles" y que constituyen una situación de hecho inconstitucional que debe erradicarse. La Corte pidió a los intervinientes entregar por escrito sus respuestas al cuestionario del tribunal, que serán evaluadas en mesas de trabajo. También fueron citados a la Sala de Seguimiento los responsables de la Policía Metropolitana de Neiva, donde 265 personas ocupan un espacio diseñado para 128. La Corte no anunció aún nuevas órdenes ni plazos.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Cuál es la situación actual de hacinamiento en los centros de detención transitoria?

La Corte Constitucional reportó un hacinamiento del 94,34 % en estaciones de Policía y URI, donde permanecen 18.824 personas a pesar de que la capacidad es solo para 9.686.

¿Por qué la Corte califica esta situación como una tragedia humanitaria?

Debido a que más de 17.000 personas superan el límite legal de 36 horas de detención provisional y miles de policías deben custodiarlas, descuidando sus labores de seguridad ciudadana.

¿Qué medidas proponen el Gobierno y la Corte para solucionar la crisis?

Se plantean reformas legales para financiar infraestructura, la construcción de nuevas cárceles y un plan de deshacinamiento para trasladar a los condenados desde las estaciones de Policía a centros del Inpec.