CORPADES pidió aclaración sobre el futuro de los diálogos de paz urbana en Antioquia tras versiones sobre su terminación

La petición se produce en medio del proceso de transición entre el gobierno saliente y la administración que asumirá el próximo 7 de agosto. La discusión sobre la continuidad de los espacios de diálogo impulsados durante los últimos años por el Gobierno Nacional volvió a ocupar la atención pública luego de que la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, CORPADES, hiciera pública una solicitud dirigida a las autoridades nacionales para que aclaren cuál será el futuro de los procesos de conversación establecidos con diferentes estructuras armadas y organizaciones ilegales en Antioquia y otras regiones del país.

A través de un comunicado divulgado este 24 de junio, la organización señaló que tuvo conocimiento, mediante información obtenida de fuentes relacionadas con los procesos de diálogo, de versiones que apuntan a una posible terminación de los espacios de conversación desarrollados dentro de la política de Paz Total. Ante ese panorama, CORPADES pidió un pronunciamiento por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y de las entidades competentes.

La corporación sostuvo que Medellín, el Valle de Aburrá, Antioquia y el país requieren información oficial sobre el futuro de los distintos Espacios Socio Jurídicos y mesas de diálogo que fueron instalados durante la actual administración. En su comunicación, la entidad recordó que actualmente existen varios escenarios de conversación en el departamento, entre ellos el Espacio Socio Jurídico con estructuras armadas ilegales de Medellín y el Valle de Aburrá, el proceso adelantado con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y la mesa de diálogo con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).

Dentro de las solicitudes elevadas al Gobierno Nacional, CORPADES pidió que se informe cuáles son los procedimientos establecidos para la suspensión o terminación de una mesa de diálogo o espacio de conversación, cuál será el destino de los procesos actualmente instalados, qué orientación tendrá la nueva administración frente a las iniciativas de paz urbana y rural, y qué mecanismos se adoptarán para garantizar la continuidad de las acciones encaminadas a la reducción de la violencia en los territorios.

La organización también manifestó que cualquier decisión relacionada con la continuidad o cierre de estos escenarios debe ser comunicada públicamente y acompañada de información clara para la ciudadanía. En el documento se señala que los procesos de diálogo desarrollados en diferentes regiones forman parte de los esfuerzos institucionales relacionados con la búsqueda de soluciones negociadas frente a distintos fenómenos de violencia.

Sin embargo, las versiones sobre una supuesta terminación de la mesa de paz urbana fueron desmentidas por la senadora Isabel Zuleta, quien ha participado como coordinadora del Espacio Socio Jurídico. La congresista explicó que durante una reunión realizada el 23 de junio en la cárcel La Paz de Itagüí se abordaron asuntos relacionados con el proceso de empalme entre gobiernos y no una decisión encaminada a cerrar los diálogos.

Según indicó la legisladora, todas las entidades estatales y los equipos vinculados a los procesos de paz tendrían que presentar informes de gestión como parte de las obligaciones establecidas para la transición administrativa. En ese contexto, señaló que la reunión realizada en el centro penitenciario tuvo como propósito consolidar información que será entregada a la próxima administración.

Zuleta también afirmó que la delegación del Gobierno buscará plantear ante el nuevo Ejecutivo la posibilidad de dar continuidad a los espacios de diálogo actualmente vigentes. Mientras tanto, CORPADES mantiene su solicitud para que el Gobierno Nacional y las autoridades responsables definan públicamente el estado de los procesos y aclaren el rumbo que tendrán las mesas de conversación que funcionan en Antioquia y otras regiones del país.

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