Contrato de más de $16.000 millones en Medellín derivó en acusación contra cinco personas

La investigación señala posibles incumplimientos de requisitos legales y cuestionamientos sobre la competencia de la dependencia que adelantó el proceso contractual el cual tuvo lugar entre el 28 y el 29 de junio de 2023 y contemplaba la ejecución de obras en distintos puntos de Medellín, entre ellos la comuna 10 y las zonas de Manrique, Aranjuez, Belén, Villa Hermosa y Guayabal.

Dentro de las labores previstas se encontraban la demolición de estructuras existentes, trabajos de excavación y movimiento de tierra, adecuación y construcción de andenes y bahías, así como la reparación y mantenimiento de superficies pavimentadas.

Y según la investigación las cinco personas involucradas habrían tenido participación en las actuaciones relacionadas con el cuestionado proceso contractual. Se trata de Juan Carlos Torres Ojeda, quien se desempeñaba como secretario de Movilidad de Medellín; Mauricio Alonso Zuleta Estrada, exsubsecretario técnico; Estefanya Cuervo Sánchez, exsubsecretaria Jurídica; Rubén Darío López Giraldo, exdirector técnico de la Secretaría de Infraestructura, y Santiago Ortega Mateos, contratista vinculado al Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM).

La Fiscalía indicó que una de las principales irregularidades estaría relacionada con la dependencia que adelantó la contratación. Las obras fueron gestionadas por la Secretaría de Movilidad, pese a que, de acuerdo con la Fiscalía, las funciones de esa dependencia no incluían la ejecución de este tipo de proyectos de infraestructura.

La entidad señaló que las competencias para desarrollar estas intervenciones estaban en cabeza de la Secretaría de Infraestructura Física, que debía contar además con el respaldo de la Secretaría de Servicios y Suministros para el correspondiente proceso.

A las observaciones sobre la competencia administrativa se sumaron reparos frente a la planeación contractual. La Fiscalía reportó inconsistencias en el análisis del sector y en la documentación preparatoria, particularmente porque, según la investigación, no se habría sustentado de manera suficiente la determinación del presupuesto oficial ni el monto final establecido para el contrato.

También fue objeto de cuestionamiento la forma en que se adelantó el proceso. La contratación se efectuó directamente durante el periodo de aplicación de la Ley de Garantías. La Fiscalía sostiene que, debido al valor del negocio jurídico, el mecanismo que debía utilizarse era una licitación pública.

Las actuaciones atribuidas a cada uno de los investigados fueron diferenciadas por el ente acusador. Torres Ojeda es señalado de haber suscrito el contrato pese a las irregularidades que, según la Fiscalía, estaban presentes en el procedimiento. En el caso de Zuleta Estrada, la acusación indica que participó en el trámite sin constatar el cumplimiento de exigencias legales fundamentales.

A Cuervo Sánchez se le atribuye haber dado concepto favorable desde el componente jurídico. Entretanto, López Giraldo y Ortega Mateos habrían emitido certificaciones relacionadas con el cumplimiento de requisitos que, conforme a la investigación, no coincidían con las condiciones encontradas.

Por estos hechos, un fiscal adscrito a la Administración Pública de la Seccional Medellín presentó acusación contra los cinco involucrados por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

El caso de Torres Ojeda contempla además una segunda imputación. El exsecretario de Movilidad deberá afrontar el proceso judicial por el delito de falsedad ideológica en documento público.