Contraloría reveló la crisis financiera de las EPS durante el gobierno de Petro

La situación financiera de las EPS volvió a quedar en el centro del debate político luego de que el representante Simón Molina cuestionara las decisiones tomadas por el Gobierno de Gustavo Petro frente al sistema de salud y señalara al mandatario y a sus ministros del ramo como responsables de la actual crisis.

Molina sustentó sus críticas en cifras relacionadas con el comportamiento financiero de las EPS durante 2025. Según expuso, las entidades terminaron ese año con obligaciones por $58 billones con hospitales, clínicas y empresas farmacéuticas, una cifra que, de acuerdo con su denuncia, representa un incremento del 26,5 % en comparación con el año anterior.

“La Contraloría acaba de poner clara la responsabilidad de la crisis de la salud. Gustavo Petro y sus ministros de Salud”, afirmó el congresista, al referirse al análisis del organismo de control y a las dificultades que atraviesan las entidades encargadas de garantizar la atención de millones de colombianos.

Uno de los principales cuestionamientos de Molina está relacionado con la Unidad de Pago por Capitación, UPC, mecanismo mediante el cual se financia la atención de los afiliados al sistema. El representante sostuvo que el Gobierno se negó reiteradamente a incrementar los recursos destinados a las EPS en los niveles que, según distintos actores del sector, eran necesarios para cubrir el costo de los servicios.

En ese contexto, recordó que la Corte Constitucional cuestionó la suficiencia de la UPC y que incluso se abrió un incidente de desacato contra el ministro de Salud por el cumplimiento de las órdenes relacionadas con la financiación del sistema.

Molina también dirigió sus críticas contra la intervención de varias EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Entre las entidades mencionadas están Nueva EPS, Sanitas y Coosalud, además de otras aseguradoras que han quedado bajo vigilancia o administración especial.

De acuerdo con las cifras citadas por el representante, las intervenciones no habrían logrado revertir el deterioro patrimonial de las entidades. Molina aseguró que las EPS intervenidas registraron gastos equivalentes a $117,8 por cada $100 recibidos, mientras que aquellas que no estaban intervenidas gastaron $100,8 por cada $100 de ingresos.

El congresista también señaló que 17 de las 26 EPS analizadas terminaron con pérdidas, situación que, según su interpretación, evidencia la magnitud de los problemas financieros que enfrenta el sistema.

Uno de los casos que generó mayor preocupación en su intervención fue el de Nueva EPS, la aseguradora con una de las mayores bases de afiliados del país. Molina destacó que la entidad cuenta con aproximadamente 11,6 millones de usuarios y cuestionó que lleve varios años sin presentar estados financieros certificados.

“Petro hizo todo lo que pudo para acabar el sistema”, sostuvo el representante, al criticar la política de intervención y las decisiones adoptadas por el Ejecutivo durante los últimos años.

La discusión adquiere especial relevancia debido a que las dificultades financieras de las EPS tienen efectos directos sobre hospitales, clínicas, proveedores de medicamentos y, finalmente, sobre los pacientes. El crecimiento de las deudas puede afectar la capacidad de las instituciones prestadoras para mantener servicios, contratar personal, adquirir medicamentos y responder oportunamente a las necesidades de los usuarios.

Molina agregó que el panorama también evidencia problemas en el cumplimiento de los requisitos financieros establecidos por la legislación colombiana. Según los datos presentados por el representante, únicamente cuatro EPS pequeñas cumplirían actualmente las condiciones exigidas por la ley, y entre todas representarían menos del 2 % de la población colombiana.

El pronunciamiento del congresista se suma a la creciente controversia política alrededor de la reforma a la salud y de las medidas que el Gobierno ha implementado para modificar el funcionamiento del sistema. Mientras el Ejecutivo ha defendido sus actuaciones como parte de un proceso encaminado a garantizar el derecho fundamental a la salud y corregir problemas estructurales, sectores de la oposición sostienen que las intervenciones y decisiones financieras han agravado la situación de las aseguradoras.

Al cerrar su intervención, Molina elevó el tono de sus cuestionamientos y responsabilizó al Gobierno por las consecuencias que, a su juicio, están enfrentando los colombianos.

“Se robaron la salud de los colombianos y terminaron jugando con la vida de la gente”, afirmó el representante, en una declaración que resume la fuerte crítica que formuló contra la administración Petro y su manejo del sistema sanitario.