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Contraloría reprueba las cuentas de 35 entidades del Estado: Dian, ANI, Invías, Fomag y Sena, entre ellas

La Contraloría General de la República emitió opinión contable negativa sobre los estados financieros de 2025 de 35 entidades públicas nacionales, al concluir que sus registros no reflejan de manera razonable su situación real. Las inconsistencias detectadas en estas cuentas superan los $22 billones.

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Redacción IFM
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Contraloría reprueba las cuentas de 35 entidades del Estado: Dian, ANI, Invías, Fomag y Sena, entre ellas

¿Qué dice el dictamen?

El pronunciamiento hace parte del informe de Auditoría del Balance General de la Nación correspondiente a la vigencia 2025, firmado el 26 de junio de 2026 y cuyo contenido fue divulgado esta semana por medios nacionales. La evaluación, a cargo de la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas, examinó la información consolidada de 356 entidades del orden nacional y revisó de forma individual 147, que concentran el 93,36% de los activos auditados.

Una "opinión negativa" es la calificación más severa que puede dar un auditor sobre unos estados financieros, después de la abstención: significa que los errores encontrados son tan relevantes que la información contable no es confiable para tomar decisiones ni para rendir cuentas.

Según el órgano de control, las entidades reprobadas suman activos por cerca de $268,3 billones, y las incorrecciones materiales identificadas ascienden a unos $22,36 billones.

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La propia Contraloría precisó que este concepto no implica, por sí mismo, que las instituciones hayan sufrido pérdidas, tengan patrimonio negativo o estén en riesgo de insolvencia.

Se trata de un juicio técnico sobre la calidad y la confiabilidad de la contabilidad. Pese a los hallazgos, el balance consolidado de la Nación recibió una opinión "con salvedades", porque los errores, aunque importantes, no se extendieron de forma generalizada a todas las cuentas públicas.

Los casos más llamativos

En la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), con activos por unos $49,1 billones, la Contraloría encontró incorrecciones por cerca de $5,9 billones. El principal hallazgo, de unos $5,87 billones, se relaciona con cuentas por cobrar y por pagar que incluyen 280.734 registros con saldos contrarios a su naturaleza contable. El ente de control lo atribuyó a fallas del sistema informático Muisca y a la falta de depuración de inconsistencias de los contribuyentes.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con activos de $97,5 billones, no reconoció cerca de $6,36 billones en cuentas por pagar asociadas a aportes pendientes al Fondo de Contingencias Contractuales, que respalda los riesgos de los contratos de concesión. El Instituto Nacional de Vías (Invías) registró de forma inadecuada unos $583.816 millones en gastos por transferencias a municipios y departamentos para obras viales.

En el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), que administra la salud y las prestaciones de los docentes, las incorrecciones llegan a cerca de $598.363 millones. La Contraloría cuestionó que se registraran como pasivos contingentes —obligaciones apenas posibles— deudas ciertas por sanciones por mora, conciliaciones y fallos judiciales, lo que subestimó sus obligaciones reales.

En el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) se hallaron cuentas por cobrar por unos $136.163 millones con saldos sin depurar desde hace entre tres y 37 años.

Otras entidades en la lista

La relación incluye, entre otras, a la Aerocivil, los ministerios de Salud, Interior, Transporte y TIC, el Inpec, la Uspec, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la Unidad para las Víctimas, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el Fondo Frisco, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Transporte, la Agencia Nacional de Minería, la Anla, la ARN, el Fondo Adaptación y varias corporaciones autónomas regionales y universidades públicas. En el caso de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Macarena, la Contraloría se abstuvo de emitir opinión.

Alcance de la decisión

El dictamen contable no constituye por sí solo una declaración de responsabilidad.ilidad fiscal ni una sanción. Sin embargo, sus hallazgos sirven de base para exigir planes de mejoramiento y, si se encuentran indicios de daño al patrimonio público, pueden dar lugar a indagaciones o procesos de responsabilidad fiscal, así como a traslados a la Procuraduría o a la Fiscalía.

Hasta el momento no se ha informado sobre actuaciones de ese tipo derivadas de este informe. Las cifras corresponden a la vigencia 2025, bajo el gobierno anterior.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Contraloría reprobó las cuentas de 35 entidades estatales?

El ente de control emitió una opinión negativa tras detectar inconsistencias contables que superan los $22 billones, lo que significa que la información financiera de estas entidades no es confiable para la toma de decisiones.

¿Cuáles son las entidades con los hallazgos más significativos?

Entre las instituciones señaladas están la Dian, con errores por $5,9 billones debido a fallas en el sistema Muisca, y la ANI, que no reconoció $6,36 billones en cuentas por pagar al Fondo de Contingencias.

¿Qué consecuencias legales tiene este dictamen para las instituciones?

Aunque no es una sanción inmediata ni implica insolvencia, los hallazgos obligan a planes de mejoramiento y pueden originar procesos de responsabilidad fiscal o traslados a la Procuraduría y Fiscalía si se comprueba daño patrimonial.

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