Contraloría inspecciona el Ministerio de Hacienda por más de 14 mil contratos en un mes y operaciones con TES que están bajo la lupa.

Contraloría realiza inspección en el Ministerio de Hacienda

Funcionarios de la Contraloría General de la República desarrollan una diligencia de inspección en la sede del Ministerio de Hacienda con el propósito de recopilar información técnica, financiera y contractual relacionada con recientes actuaciones del Gobierno Nacional.

La intervención, en la que también participa la Policía Judicial, hace parte de una función preventiva del organismo de control y busca establecer el alcance de dos procesos que actualmente son objeto de revisión: el incremento en la contratación estatal registrado durante las últimas semanas y una operación de canje de títulos de deuda pública (TES) ejecutada por el Gobierno.

Según la información suministrada por la Contraloría, la diligencia pretende verificar documentación, reconstruir la trazabilidad de los procesos y determinar si existen riesgos para las finanzas públicas que ameriten actuaciones fiscales o disciplinarias.

La inspección se desarrolla mientras continúan las labores de auditoría adelantadas por los equipos especializados de la entidad.

Más de 14.000 contratos entran en revisión

Uno de los principales frentes de investigación corresponde al aumento de la contratación estatal registrado entre el 21 de junio y el 22 de julio. De acuerdo con la información divulgada por la Contraloría, durante ese periodo se suscribieron más de 14.000 contratos por un valor aproximado de $4,55 billones.

Los delegados del organismo de control indicaron que una parte importante de esos procesos corresponde a contratos de prestación de servicios (OPS), varios de ellos con compromisos sobre vigencias futuras. La Contraloría busca establecer el origen de esas obligaciones, la disponibilidad efectiva de recursos y el impacto que dichos compromisos podrían tener sobre las finanzas del Estado.

La entidad advirtió que el número de contratos podría incrementarse, ya que el proceso de contratación continuó desarrollándose mientras avanzan las verificaciones. La revisión hace parte de una Función de Advertencia emitida por el organismo de control ante posibles riesgos sobre la sostenibilidad financiera y el manejo de los recursos públicos.

Ya fueron compulsadas copias a la Procuraduría

Durante la diligencia, la Contraloría informó que ya identificó algunos hallazgos preliminares que motivaron el traslado de copias a la Procuraduría General de la Nación. Según explicó la entidad, esos elementos podrían dar lugar a la apertura de investigaciones disciplinarias contra servidores públicos, dependiendo de las conclusiones que arrojen las actuaciones correspondientes.

Por ahora, la Contraloría mantiene abiertas las verificaciones técnicas y documentales con el propósito de determinar si existieron irregularidades en la celebración de contratos o en el compromiso de recursos públicos. La entidad aclaró que la inspección tiene un carácter preventivo y hace parte de las competencias constitucionales del organismo para ejercer vigilancia sobre el manejo del patrimonio del Estado.

El canje de TES también es objeto de auditoría

Paralelamente, la Contraloría adelanta una investigación relacionada con una operación de canje de títulos de deuda pública (TES) realizada por el Gobierno Nacional en octubre del año pasado. De acuerdo con los hallazgos técnicos divulgados por el organismo de control, el Ministerio de Hacienda sustituyó títulos que registraban una tasa promedio cercana al 7,2% por nuevos bonos emitidos con una tasa del 11,75%.

La Contraloría sostiene que, aunque la operación habría permitido mejorar temporalmente la liquidez del Gobierno, también incrementó el costo futuro del servicio de la deuda. Según la auditoría, esa decisión representaría un aumento cercano a $316.000 millones en el pago de intereses.

El organismo de control analiza si la operación pudo comprometer la sostenibilidad fiscal al trasladar mayores obligaciones financieras hacia administraciones futuras. Por esa razón, también remitió el caso a la Procuraduría para que evalúe la eventual existencia de responsabilidades disciplinarias.

El Ministerio de Hacienda defiende la operación financiera

Frente a los cuestionamientos, el Ministerio de Hacienda ha sostenido que el canje respondió a criterios técnicos relacionados con la administración integral de la deuda pública.

Según la cartera, emitir títulos con menores tasas de interés en ese momento habría obligado al Estado a ofrecer descuentos significativamente superiores en el mercado financiero, lo que habría incrementado el valor nominal de la deuda emitida.

En consecuencia, el Ministerio considera que la evaluación realizada por la Contraloría analiza únicamente una parte de la estrategia financiera y no el comportamiento global del portafolio de deuda del Gobierno. Estas explicaciones forman parte del proceso de revisión que actualmente adelantan los organismos de control.

La Contralora Delegada lidera las actuaciones técnicas

Las actuaciones relacionadas con ambas investigaciones son coordinadas por Jenny Elizabeth Lindo, contralora delegada para la Economía y las Finanzas del Estado.

La funcionaria tiene a su cargo la presentación de los hallazgos técnicos sobre el canje de deuda pública mediante títulos TES y la emisión de las advertencias relacionadas con la aceleración de la contratación estatal. Su dependencia es la encargada de consolidar la información recopilada durante las inspecciones y de elaborar los informes que servirán de base para las decisiones posteriores de la Contraloría.

Continúan las verificaciones sobre el manejo de recursos públicos

Las diligencias que se desarrollan en el Ministerio de Hacienda representan una de las actuaciones de control fiscal más relevantes de las últimas semanas por el volumen de recursos comprometidos y el alcance de las operaciones analizadas.

Mientras avanza la recolección de información, la Contraloría continuará evaluando la legalidad, sostenibilidad y conveniencia de las decisiones financieras y contractuales examinadas.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación deberá determinar, con base en las copias remitidas por el organismo de control, si existen méritos para iniciar investigaciones disciplinarias contra funcionarios eventualmente involucrados en los hechos objeto de revisión.

Las actuaciones permanecen en etapa de verificación, por lo que las conclusiones definitivas dependerán de los resultados de las auditorías y de las investigaciones que adelanten las autoridades competentes.