Contraloría de Bogotá abre indagación preliminar por espacios sin uso en el complejo de justicia Campo Verde, en Bosa

La Contraloría de Bogotá ha formalizado la apertura de una indagación preliminar con el objetivo de verificar el estado actual y la utilización de diversas áreas en el complejo de justicia Campo Verde, ubicado en la localidad de Bosa. Este proyecto de infraestructura se originó a partir de un contrato interadministrativo suscrito en el año 2018 entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter). La inversión total para este complejo ascendió a la suma de $74.216 millones de pesos, destinados a la construcción de múltiples dependencias de seguridad y justicia.

El complejo Campo Verde integra en sus instalaciones un Comando de Atención Inmediata (CAI), una Casa de Justicia, una Unidad de Reacción Inmediata (URI) y el Centro de Atención Especializada (CAE), este último diseñado para la atención de adolescentes en conflicto con la ley penal, además de un salón de usos múltiples. No obstante, auditorías realizadas por el ente de control entre los años 2022 y 2024 han señalado presuntas fallas en las etapas de planeación y contratación, identificando además espacios físicos y equipos técnicos que permanecen sin entrar en operación comercial o institucional.

La etapa de indagación preliminar, fundamentada en la Ley 610 de 2000, se activa cuando la autoridad fiscal requiere determinar la certeza de un daño al patrimonio público o identificar a los presuntos responsables. En esta fase, el organismo de control se enfocará en precisar cuáles son las áreas específicas que se encuentran inactivas, su extensión exacta, el estado de conservación de la infraestructura y el monto de los recursos públicos invertidos en dichos espacios que no están prestando servicio a la ciudadanía.

Si durante este proceso técnico se confirma que existen áreas totalmente pagadas que no cumplen su función social o institucional, la Contraloría procederá a evaluar si se ha configurado un detrimento patrimonial. De hallarse méritos suficientes, se daría inicio a un proceso de responsabilidad fiscal, mecanismo legal mediante el cual se busca que los gestores públicos o contratistas particulares resarzan con su patrimonio los daños causados al erario. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a este requerimiento.

De manera simultánea, la Contraloría realiza un seguimiento estricto al proyecto del Centro Especial de Reclusión (CER) Fase II. Esta obra cuenta con una inversión que supera los $21.586 millones de pesos y tiene como propósito fundamental la ampliación de los cupos disponibles para la población privada de la libertad en el Distrito Capital. Según los reportes oficiales con corte al 31 de agosto de 2024, el proyecto presenta un avance físico del 88,2 %, cifra que se encuentra por debajo del 96 % que estaba programado para esa fecha.

El organismo de control ha documentado que la ejecución de esta obra ha estado marcada por sucesivas adiciones presupuestales, prórrogas, suspensiones y ampliaciones de los plazos iniciales. Estas novedades contractuales estarían asociadas a deficiencias detectadas en los estudios y diseños originales. Por tal motivo, se adelanta una Actuación Especial de Fiscalización para examinar detalladamente los mayores costos generados en la interventoría y la validez técnica de las modificaciones al contrato original, bajo el marco del programa de seguimiento a obras públicas denominado "Vamos a la Obra".

El tercer eje de la intervención de la Contraloría se centra en el sistema de videovigilancia operado desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4). De acuerdo con los datos suministrados por la Secretaría de Seguridad, el Distrito cuenta con un inventario de 5.824 cámaras de su propiedad. Al realizar el desglose técnico, se restan los equipos afectados por obras civiles, accidentes de tránsito u obsolescencia tecnológica, dejando una base de 5.294 cámaras para el cálculo de disponibilidad operativa.

De este universo de equipos, se ha verificado que 4.180 cámaras se encuentran en funcionamiento, mientras que 1.114 dispositivos están fuera de servicio, lo que representa aproximadamente el 21 % del sistema de vigilancia fuera de operación. La actuación especial de la Contraloría revisará los cronogramas de mantenimiento preventivo y correctivo, los tiempos de respuesta para la recuperación de los puntos de vigilancia y la ejecución de los planes de reposición tecnológica de los equipos averiados.

El contralor Julián Mauricio Ruiz, encargado de liderar estas acciones de vigilancia fiscal, ha enfatizado que los recursos destinados a los sectores de seguridad y justicia deben cumplir estrictamente con su propósito misional. Las tres actuaciones mencionadas Campo Verde, el CER Fase II y el sistema de videovigilancia se encuentran actualmente en etapa de verificación técnica y documental, sin que hasta la fecha se hayan establecido responsabilidades individuales o la cuantía definitiva de un posible daño fiscal.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Contraloría de Bogotá investiga el complejo de justicia Campo Verde?

El ente de control inició una indagación preliminar para verificar por qué áreas y equipos técnicos de esta obra de $74.216 millones permanecen inactivos y sin prestar servicio a la ciudadanía.

¿Qué otros proyectos de seguridad están bajo la lupa del organismo de control?

Se fiscalizan los retrasos en el Centro Especial de Reclusión Fase II, que presenta fallas en su planeación, y el estado del sistema de videovigilancia de la ciudad.

¿Cuál es el problema detectado con las cámaras de seguridad en Bogotá?

La Contraloría reportó que el 21% del sistema de vigilancia está fuera de operación, lo que equivale a 1.114 dispositivos que no funcionan actualmente.