Contraloría alertó por aumento del reclutamiento de menores por grupos armados y advirtió fallas estructurales del Estado

La Contraloría General de la República de Colombia encendió las alarmas sobre la situación del reclutamiento, uso y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales en el país, al advertir que este fenómeno ha venido en aumento y no puede seguir siendo tratado únicamente como un asunto de seguridad.

En un pronunciamiento basado en análisis técnicos y revisión de registros oficiales, el ente de control señaló que la problemática obedece a fallas estructurales del Estado, relacionadas con exclusión social histórica y debilidades institucionales para la protección efectiva de la niñez en los territorios más afectados por la violencia.

“El reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños y niñas y adolescentes por parte de grupos armados al margen de la ley, este fenómeno no puede seguir siendo entendido como un asunto exclusivamente de seguridad, es una expresión profunda de fallas históricas que siempre debemos reconocer como estado de carácter institucional, de que históricamente ha existido exclusión social y debilidades en la capacidad del estado para proteger la niñez”, señaló la entidad en su informe.

La Contraloría advirtió que, de acuerdo con los registros analizados, la tendencia del reclutamiento infantil presenta un comportamiento creciente, lo que agrava el panorama en zonas de alta conflictividad armada.

Uno de los puntos más críticos del informe está relacionado con la ejecución presupuestal de la política intersectorial de prevención del reclutamiento. Según el organismo, de los 12.891 millones de pesos asignados al proyecto de inversión, fueron ejecutados 9.216 millones, mientras que 3.675 millones quedaron sin utilizar.

A esto se suma una reducción significativa de los recursos destinados a esta política en el periodo 2024-2026. El informe detalla una caída del 83,8% en el presupuesto, lo que redujo los recursos a 1.810 millones de pesos, situación que, según la entidad, limita de manera considerable la capacidad de respuesta del Estado frente a la problemática.

“Esta combinación de riesgo creciente, menor capacidad fiscal, exige con muchísimo respeto una corrección inmediata y una sugerencia respetuosa por parte del organismo de control para que sea tenida en cuenta”, advirtió la Contraloría en su pronunciamiento.

El ente de control puso como ejemplo la situación del departamento del Cauca, donde la problemática se concentra de manera especialmente grave debido a la presencia de grupos armados y a las dificultades institucionales para implementar políticas de protección.

Además, la Contraloría revisó los planes de desarrollo de 42 municipios y el plan departamental correspondiente, encontrando que solo el 44,2% de los municipios incluye referencias al reclutamiento, uso, utilización o violencia sexual contra menores de edad.

Sin embargo, el informe advierte que estas menciones en los planes de desarrollo no se traducen en acciones concretas ni en asignación de recursos específicos para su atención, lo que evidencia una brecha entre la planeación territorial y la ejecución real de estrategias de prevención.

En ese sentido, el organismo de control insistió en la necesidad de fortalecer la articulación institucional y mejorar la asignación de recursos, con el fin de evitar que el fenómeno continúe en ascenso y afectando a comunidades vulnerables en distintas regiones del país.