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Contraloría advirtió millonario hallazgo fiscal contra la ANI por retrasos en el viaducto Chirajara

Un informe de la Contraloría General de la República encendió las alertas sobre la ejecución de uno de los proyectos viales más relevantes del país. El ente de control determinó un hallazgo fiscal por $824.960 millones contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), debido a la falta de puesta en operación del viaducto Chirajara, pese a que la obra estaría finalizada desde hace más de dos años.

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Contraloría advirtió millonario hallazgo fiscal contra la ANI por retrasos en el viaducto Chirajara

Un nuevo cuestionamiento a la gestión de la infraestructura vial en Colombia quedó en evidencia tras el más reciente pronunciamiento de la Contraloría General de la República. A través de un comunicado oficial, el organismo de control informó que “determinó un hallazgo fiscal a la ANI por $824.960 millones, por la falta de puesta en operación del Viaducto Chirajara”, en el marco de una auditoría de cumplimiento realizada a contratos clave del corredor vial.

El informe detalla que la revisión se centró en el Contrato de Concesión 4G de Iniciativa Privada Chirajara – Fundadores (005-2016) y otros acuerdos asociados. Como resultado, la Contraloría evidenció que el viaducto, “pese a estar finalizado desde hace casi dos años y medio, aún no ha sido puesto en operación”, lo que genera un impacto fiscal significativo y cuestionamientos sobre la eficiencia en la ejecución del proyecto.

Según el ente de control, el problema no radica únicamente en la infraestructura ya construida, sino en las gestiones pendientes para su entrada en funcionamiento. En ese sentido, advirtió que “la ANI no ha adelantado de manera adecuada y oportuna las gestiones técnicas, administrativas, financieras y contractuales necesarias” para viabilizar las intervenciones requeridas en puntos críticos del proyecto, como el Túnel 13 y el Puente 1 (Quebrada Seca).

Estas obras, de acuerdo con el documento, están bajo responsabilidad de la ANI tras un laudo arbitral condenatorio del 10 de noviembre de 2023, y son indispensables para superar las condiciones que impiden la operación total del viaducto y del tramo de doble calzada que lo integra.

El pronunciamiento, fechado en Bogotá el 5 de agosto de 2026, precisa que el hallazgo fiscal se establece “en el marco de una Auditoría de Cumplimiento realizada” durante las vigencias 2022 a 2025. Además, subraya que, a pesar de los avances en la construcción del corredor, persisten obstáculos que frenan su funcionamiento integral.

En esa línea, la Contraloría también puso la lupa sobre el estado general del proyecto vial Bogotá – Villavicencio. El informe señala que, aunque el viaducto Chirajara fue construido y los tramos viales fueron entregados entre junio de 2015 y febrero de 2024, todavía existe “un tramo de 6,5 km de esta Vía Bogotá – Villavicencio que no ha entrado en operación, debido a daños aún no reparados en el Túnel 13”.

Este panorama deja en evidencia fallas en la articulación institucional y en la ejecución de las obras complementarias necesarias para garantizar la funcionalidad completa del corredor. Para la Contraloría, estos retrasos no solo afectan la movilidad y la conectividad entre el centro del país y los Llanos Orientales, sino que también representan un riesgo para los recursos públicos.

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