Contraloría abrió indagación preliminar por contratos del Consejo Nacional Electoral para las elecciones de 2026

La Contraloría General de la República anunció la apertura de una indagación preliminar sobre la contratación realizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con la Unión Temporal Actores Electorales 2026, en el marco de los procesos de capacitación y acreditación de testigos electorales para las elecciones de 2026.

La actuación del organismo de control busca establecer si se presentaron posibles irregularidades o sobrecostos en los contratos celebrados para desarrollar diferentes actividades vinculadas con la preparación del proceso electoral. Entre los componentes que serán revisados se encuentran herramientas tecnológicas, servicios de ciberseguridad, elaboración y distribución de cartillas y actividades de capacitación dirigidas a testigos electorales.

De acuerdo con el comunicado emitido este 25 de agosto, la decisión de la Contraloría responde a la necesidad de verificar aspectos relacionados con la ejecución de estos contratos y determinar si los recursos públicos involucrados fueron administrados de acuerdo con las disposiciones correspondientes.

El organismo de control solicitó al Consejo Nacional Electoral la relación de la contratación suscrita con la Unión Temporal Actores Electorales 2026, incluyendo información detallada de cada uno de los contratos. Entre los datos requeridos están las fechas de inicio y terminación, el valor, el objeto contractual, el estado de cada proceso, así como la identificación del interventor o supervisor.

La Contraloría también pidió conocer la relación de los pagos realizados en cada contrato y la información correspondiente a los acuerdos celebrados con las empresas que integran la unión temporal.

Según el documento, la Unión Temporal Actores Electorales 2026 está conformada por LinkTic, con una participación del 95 %, y BexTechnology, con el 5 %. Precisamente, el organismo de control solicitó información sobre los contratos relacionados con estas compañías para establecer cómo se estructuró y ejecutó la contratación.

El proceso adquiere especial relevancia debido a que los contratos objeto de revisión están relacionados con actividades que hacen parte de la preparación de las elecciones de 2026, particularmente aquellas destinadas a fortalecer la capacitación de quienes ejercerán labores de testigos electorales y los mecanismos tecnológicos asociados al proceso.

La Contraloría General enfatizó que la apertura de la indagación “no implica una declaratoria de responsabilidad”, sino que corresponde al comienzo de las verificaciones que deberá adelantar el organismo de control para determinar si existen hechos que ameriten actuaciones posteriores.

En ese sentido, la entidad explicó que, dentro de sus competencias, puede requerir, conocer y examinar información relacionada con hechos, operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en los que estén involucrados recursos públicos o puedan verse afectados bienes e intereses patrimoniales de naturaleza pública.

La revisión tendrá como propósito establecer las condiciones en las que fueron celebrados y ejecutados los contratos, así como verificar aspectos económicos, administrativos y operativos relacionados con ellos. La información solicitada permitirá a la Contraloría analizar, entre otros elementos, los valores contratados, los pagos efectuados y el avance de las obligaciones pactadas.

El organismo de control señaló además que sus facultades le permiten examinar la información necesaria para el ejercicio de sus funciones, incluso cuando se trate de procesos que todavía se encuentren en ejecución.

La actuación ocurre en un momento de especial atención sobre la preparación institucional de las elecciones de 2026, proceso en el que diferentes entidades tienen responsabilidades específicas para garantizar el desarrollo de las jornadas electorales.

Por ahora, la indagación se encuentra en una etapa preliminar y no establece responsabilidades fiscales ni determina que se hayan cometido irregularidades. Será el resultado de las verificaciones y del análisis de la documentación solicitada el que permitirá establecer si existen hallazgos que conduzcan a nuevas actuaciones.

La Contraloría indicó que, una vez concluida la investigación, “informará los resultados a la opinión pública y al país”, por lo que el avance del proceso permitirá conocer si las inquietudes que motivaron la actuación corresponden a irregularidades administrativas, posibles sobrecostos o situaciones que no configuren ninguna responsabilidad.