Consejo de Estado deja en firme la nulidad del nombramiento de Verónica Alcocer como embajadora ante el Vaticano

El alto tribunal confirmó la nulidad del nombramiento

El Consejo de Estado dejó en firme la nulidad del decreto que permitió la designación de Verónica Alcocer como embajadora en misión especial ante la Santa Sede, decisión que reabre el debate sobre los límites constitucionales en la designación de particulares para representar al Estado colombiano en escenarios internacionales.

La actuación judicial quedó registrada en el sistema de gestión del alto tribunal con la anotación “confirma declaratoria de nulidad”, ratificando así la sentencia emitida en abril de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Aunque al momento de conocerse la decisión aún no se habían publicado las firmas de los magistrados ni el texto completo de la providencia, el efecto jurídico es mantener sin validez el nombramiento realizado por el Gobierno nacional.

La designación permitió que Alcocer viajara al Vaticano para participar en una audiencia con el entonces papa Francisco en representación del Estado colombiano, bajo la figura de embajadora en misión especial.

La Constitución fue el eje central de la controversia

La demanda fue promovida por Harold Sua, quien sostuvo que el decreto expedido por el Ejecutivo desconocía el artículo 126 de la Constitución Política.

Esa disposición establece que los servidores públicos no pueden nombrar, postular o contratar personas con quienes tengan vínculos de parentesco dentro de determinados grados de consanguinidad o afinidad, así como tampoco a quienes estén ligados por matrimonio o unión permanente.

Durante el proceso judicial, la Procuraduría General de la Nación respaldó esa interpretación y concluyó que el presidente Gustavo Petro infringió dicha norma constitucional al designar a Verónica Alcocer, con quien para ese momento mantenía un vínculo reconocido de matrimonio o unión permanente.

El concepto del Ministerio Público fue tenido en cuenta dentro del debate jurídico que culminó con la ratificación de la nulidad.

La defensa del Gobierno fue rechazada

Durante el proceso, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) defendió la legalidad del decreto argumentando que el jefe de Estado tiene la competencia constitucional para dirigir las relaciones internacionales del país.

Según esa posición, la misión encomendada a Verónica Alcocer era de carácter específico, temporal y excepcional, por lo que, a juicio del Gobierno, no se configuraba una vulneración de la Constitución.

Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que ese argumento no era suficiente para desvirtuar la prohibición contenida en el artículo 126 de la Carta Política.

La decisión ahora confirmada por el Consejo de Estado mantiene esa interpretación y deja sin efectos jurídicos la designación.

También cuestionaron el contenido del decreto

Además del análisis sobre el parentesco, el Tribunal encontró otra irregularidad relacionada con la redacción del decreto.

La providencia advirtió que el acto administrativo autorizaba apoyo institucional para las actividades que la entonces primera dama “estimara convenientes”, una expresión que fue considerada demasiado amplia e imprecisa.

Según el fallo, esa redacción desconocía el principio de legalidad al no delimitar claramente las funciones que debía cumplir quien ejercería una representación oficial del Estado.

Para el tribunal, cuando un particular desarrolla funciones públicas, debe existir un marco normativo claro que establezca el alcance de sus competencias y responsabilidades.

Un nombramiento que generó amplio debate

El decreto expedido por la Cancillería en 2023 desató una intensa discusión política y jurídica desde el momento de su publicación.

La figura de embajadora en misión especial permitió que Verónica Alcocer representara oficialmente a Colombia durante una audiencia privada con el papa Francisco en la Ciudad del Vaticano.

Ese viaje se sumó a otras misiones internacionales realizadas durante el gobierno de Gustavo Petro.

Entre ellas figuraron su asistencia al funeral de la reina Isabel II en el Reino Unido, la participación en actividades de la Asamblea General de las Naciones Unidas y su presencia en las honras fúnebres del ex primer ministro japonés Shinzo Abe.

En cada uno de esos desplazamientos, el Gobierno utilizó la misma figura diplomática para justificar su representación oficial.

Otras controversias alrededor de Alcocer

La decisión judicial también vuelve a poner sobre la mesa otras polémicas que rodearon la actuación internacional de Verónica Alcocer durante el actual gobierno.

Diversas investigaciones periodísticas cuestionaron tanto la legalidad de algunos desplazamientos como el tamaño de las comitivas oficiales que la acompañaron durante varias de esas misiones.

De igual manera, publicaciones periodísticas señalaron que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos habría hecho referencia al fallo que anuló su nombramiento al incluir información relacionada con la ex primera dama en documentos oficiales sobre sanciones financieras, citando expresamente que un tribunal colombiano había declarado inconstitucional su designación como embajadora en misión especial.

En los últimos meses también surgieron controversias relacionadas con su permanencia en Suecia y su situación personal frente al presidente Gustavo Petro.

Sobre ese tema, el mandatario manifestó públicamente que ambos se encontraban separados desde hacía varios meses, aunque señaló que el vínculo legal continuaba vigente. Asimismo, aseguró que Alcocer no utilizaba recursos públicos para su sostenimiento.

La decisión cierra el debate judicial sobre este nombramiento

Con la determinación adoptada por el Consejo de Estado concluye el proceso judicial sobre la legalidad del decreto expedido por el Gobierno para designar a Verónica Alcocer como embajadora en misión especial ante el Vaticano.

La decisión ratifica la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y deja establecido que el acto administrativo no se ajustó a las disposiciones del artículo 126 de la Constitución Política, manteniendo sin efectos el nombramiento que permitió a la entonces primera dama representar oficialmente a Colombia ante la Santa Sede.