Comisión de Investigación de la Cámara programó inspección judicial al Consejo de Estado

Este miércoles 12 de noviembre, a las 4:00 p.m., se llevará a cabo una diligencia de inspección judicial en las instalaciones del Consejo de Estado, ordenada por la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

La medida se enmarca en una investigación previa contra cuatro magistrados de la Sección Quinta de esa Corporación. La actuación fue formalizada mediante resolución emitida por la representante investigadora Gloria Elena Arizabaleta Archila, quien dispuso la apertura de la investigación y la realización de la inspección con el objetivo de obtener copia del expediente relacionado con una acción de tutela.

Dicha acción fue interpuesta por Kimberly Torres Solís y Yirán Abelar Ángel González contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, en relación con un fallo que ordena al Congreso de la República expedir una ley estatutaria sobre el procedimiento de pérdida de investidura de congresistas para el periodo 2024-2027.

La diligencia judicial será ejecutada por funcionarios comisionados de la Comisión Legal de Investigación y Acusación, quienes contarán con el acompañamiento de la Policía Nacional, conforme a lo dispuesto en el documento oficial. El Consejo de Estado, por su parte, indicó que no emitirá declaraciones sobre el procedimiento, al considerarlo parte del trámite habitual en este tipo de procesos.

Además de la inspección, la Comisión solicitó a la Defensoría del Pueblo la designación de un defensor público para los magistrados involucrados, dado que no se registró la asignación de abogado particular dentro del término legal correspondiente.

Esta solicitud fue formalizada en el Auto de Sustanciación No. 003, fechado el 10 de noviembre de 2023, en el que se señala que la defensa técnica debe ser asumida por un defensor público ante la ausencia de representación legal por parte de los sindicados.

Los magistrados objeto de la investigación son Omar Joaquín Barreto, Luis Alberto Álvarez, Gloria María Gómez Montoya y Pedro Pablo Vanegas Gil. La apertura del proceso se relaciona con señalamientos sobre presuntas irregularidades en decisiones judiciales, incluyendo la devolución de fallos sin justificación documentada.

Entre los antecedentes que motivaron la actuación de la Comisión se encuentra el caso del gobernador de San Andrés, Nicolás Gallardo, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado bajo el argumento de doble militancia. Este y otros procesos fueron citados como parte del expediente que será objeto de revisión durante la diligencia de inspección.

La Comisión de Acusación continúa con el trámite correspondiente, conforme a los procedimientos establecidos por la ley, sin que hasta el momento se haya emitido pronunciamiento adicional sobre el curso de la investigación.