Comisión de Acusaciones recibió denuncia por contrato de $10.000 millones vinculado a lista Clinton

Ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes fue radicada una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro por el presunto uso de recursos públicos en gestiones orientadas a su exclusión de la denominada lista Clinton, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

La acción fue presentada por el abogado Josías Fiesco, quien señaló que el monto comprometido superaría los 10.000 millones de pesos. De acuerdo con el escrito radicado, los recursos habrían sido destinados a través de un contrato suscrito por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) en enero de 2026 con una firma internacional de abogados.

Según el denunciante, el objeto del contrato consistiría en brindar asesoría y defensa jurídica frente a sanciones financieras impuestas por autoridades extranjeras, un asunto que, en su criterio, tendría un carácter personal y no institucional.

La denuncia sostiene que el propio presidente habría reconocido públicamente, a través de una publicación en X, que los servicios jurídicos contratados, inicialmente presentados como gratuitos, terminaron generando un costo cercano a los 10.000 millones de pesos para el Estado.

Para el demandante, este hecho podría configurar un presunto detrimento patrimonial, al considerar que los recursos del presupuesto público no debían destinarse a ese tipo de gestiones.

En el documento presentado ante la Comisión de Acusaciones, Fiesco solicitó que se investigue al jefe de Estado por el presunto delito de peculado por apropiación. Asimismo, pidió que, en caso de encontrarse mérito suficiente, el proceso avance hacia una eventual acusación política ante el Senado de la República, instancia competente para conocer este tipo de actuaciones contra el presidente.

Sobre estos hechos, la Procuraduría General de la Nación confirmó la apertura de una indagación previa, con el fin de establecer las circunstancias en las que se adelantó la contratación y verificar si hubo irregularidades en el uso de los recursos públicos comprometidos. Esta actuación se encuentra en etapa preliminar y busca recopilar información relacionada con el contrato y su ejecución.

Por su parte, el Departamento Administrativo de la Presidencia defendió el proceso de contratación y aseguró que no se trató de una actuación excepcional ni orientada a intereses personales. Según el Dapre, el contrato no tuvo como finalidad la defensa individual del presidente ni de funcionarios específicos, sino la atención de un asunto que, a su juicio, involucraba a la institucionalidad del Estado colombiano.

El contrato entre la Presidencia de la República y la firma internacional de abogados fue suscrito el 9 de enero de 2026 mediante la modalidad de contratación directa. De acuerdo con la información oficial, su ejecución se extenderá hasta el 30 de abril de 2026 y su valor asciende a 10.000 millones de pesos, con cargo al Presupuesto General de la Nación.

La Comisión de Investigación y Acusaciones tendrá que evaluar el contenido de la denuncia y determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal contra el presidente de la República. Mientras tanto, continúan las actuaciones preliminares por parte de los organismos de control.