Comisión de Acusación sale de la parálisis: más de 2.400 procesos contra aforados volverán a moverse

Un órgano detenido desde el inicio de la legislatura

La comisión no funcionaba con normalidad desde el 20 de julio de 2026, cuando se instaló el actual Congreso. Desde septiembre, Briceño venía denunciando públicamente la situación: el 7 de ese mes advirtió que cerca de 2.450 expedientes estaban paralizados y que existía riesgo de “completa impunidad”, y a finales de septiembre calificó el panorama de “absolutamente vergonzoso”.

De acuerdo con información conocida entonces por La FM, la comisión requiere alrededor de 6.000 millones de pesos al año para operar. Ese dinero se destina principalmente a contratar abogados, sustanciadores y demás funcionarios que adelantan las diligencias, ya que los 17 congresistas que la integran no pueden asumir por sí solos el volumen de trabajo. El monto exacto del giro anunciado esta semana no ha sido revelado.

¿Qué pasará con los expedientes?

Con los recursos disponibles, el primer paso será vincular a abogados y asesores expertos en derecho penal y disciplinario. Su tarea inicial consistirá en clasificar los procesos por prioridad y revisar cuáles están próximos a prescribir o si alguno ya superó los plazos legales. La prescripción es la figura por la cual el Estado pierde la facultad de investigar o sancionar una conducta cuando transcurre el tiempo fijado por la ley.

Además, antes de asignar ponentes en algunos casos, la comisión deberá resolver posibles impedimentos de sus miembros, es decir, situaciones de conflicto de interés que obligan a un congresista a apartarse de un expediente, en especial cuando se trata de figuras políticas.

Los casos de mayor relevancia

Entre los más de 2.400 procesos represados, varios tienen alto impacto público. Uno de ellos es la investigación por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022 del expresidente Gustavo Petro. En el periodo anterior, los representantes Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo consideraron que había mérito para continuar la indagación, mientras que Alirio Uribe (Pacto Histórico) pidió un auto inhibitorio, una decisión que cierra el caso sin abrir investigación formal. La designación de nuevos ponentes sigue pendiente. Contra el exmandatario cursan más de 200 expedientes en esta comisión.

También figuran las denuncias del excontralor Carlos Felipe Córdoba, radicadas ante la comisión y la Fiscalía General de la Nación, por presuntos seguimientos y perfilamientos realizados por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el anterior Gobierno.

A la lista se suma una solicitud presentada en agosto para que se revise la actuación de la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, en el proceso contra la senadora Martha Peralta, vinculado al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Cuatro magistrados de esa sala remitieron el documento a la comisión y a la Procuraduría General de la Nación.

Todas las personas mencionadas se presumen inocentes; las actuaciones descritas corresponden a denuncias e indagaciones preliminares, sin decisiones de fondo. La comisión también es competente para investigar al actual presidente, Abelardo de la Espriella.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué estaba paralizada la Comisión de Acusación de la Cámara?

La comisión no funcionaba con normalidad desde el 20 de julio debido a la falta de presupuesto para contratar abogados y sustanciadores necesarios para procesar los expedientes.

¿Qué tipo de procesos se retomarán con la asignación de recursos?

Se reactivarán más de 2.400 procesos contra aforados, incluyendo investigaciones contra expresidentes, magistrados de altas cortes y exfiscales.

¿Cuáles son los casos de mayor relevancia que están pendientes?

Entre los expedientes destacan la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022, denuncias por seguimientos de la DNI y actuaciones de magistrados en el escándalo de la UNGRD.