Comienzan las auditorías forenses. Equipo jurídico de Abelardo De la Espriella denuncia ante la Fiscalía presuntas irregularidades en contrato de filial de Ecopetrol

Denuncia se enmarca en las auditorías del proceso de empalme. El proceso de empalme entre el Gobierno saliente y la administración del presidente electo Abelardo De la Espriella comenzó a generar sus primeras actuaciones judiciales. El abogado Germán Calderón España, integrante del equipo jurídico del mandatario electo, confirmó la radicación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades detectadas en un contrato celebrado por Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., filial de Ecopetrol.

Según explicó Calderón España a través de su cuenta en la red social X, la denuncia forma parte del trabajo adelantado por el denominado Equipo Dorado Anticorrupción, conformado para desarrollar auditorías forenses durante el empalme y revisar la contratación realizada por diferentes entidades estatales.

El jurista indicó que los hallazgos preliminares llevaron a presentar el caso ante la Fiscalía para que sea el organismo competente el que determine si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal.

El contrato bajo revisión

La denuncia está relacionada con un contrato de asesoría jurídica adjudicado por Cenit a la firma GESYCOBRO S.A.S. De acuerdo con el documento presentado por el equipo jurídico del presidente electo, el contrato habría superado el valor inicial de la oferta, que ascendía a 21.108 millones de pesos.

Calderón España manifestó que, según la información recopilada durante la auditoría, la adjudicación se habría realizado por encima de propuestas presentadas por otras firmas reconocidas en el sector de hidrocarburos y consultoría jurídica especializada.

Además, el abogado señaló que dentro de la denuncia se exponen presuntas situaciones relacionadas con la idoneidad del contratista y posibles vínculos políticos entre integrantes de la empresa beneficiaria y funcionarios de la filial de Ecopetrol. Estas afirmaciones hacen parte del contenido de la denuncia y serán objeto de evaluación por parte de las autoridades competentes.

El equipo jurídico aseguró que cada una de las denuncias presentadas está acompañada por documentos contractuales, informes de auditoría forense, información pública y otros elementos que, según indicó, servirán de soporte para las investigaciones correspondientes.

La naturaleza jurídica de Cenit

En el documento radicado ante la Fiscalía también se hace referencia a la naturaleza jurídica de Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.

Según la denuncia, la empresa es una sociedad de economía mixta controlada por Ecopetrol S.A., cuyo objeto social comprende el transporte y almacenamiento de hidrocarburos, derivados y productos afines mediante infraestructura propia o de terceros, tanto en Colombia como en el exterior.

Por esa condición, el equipo jurídico sostiene que los funcionarios vinculados a la entidad están sometidos a un régimen especial que contempla eventuales responsabilidades penales, disciplinarias, fiscales y administrativas cuando se presentan irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Estos aspectos hacen parte de los argumentos expuestos para solicitar que la Fiscalía examine el proceso contractual y determine si hubo actuaciones contrarias a la ley.

La Fiscalía evaluará si abre una investigación

Con la radicación de la denuncia comienza una etapa preliminar en la que la Fiscalía General de la Nación deberá analizar la información aportada y establecer si existen elementos suficientes para iniciar una investigación formal.

En esta fase, el ente acusador podrá verificar la documentación entregada, practicar las actuaciones preliminares que considere pertinentes y determinar si procede la apertura de un proceso penal.

Hasta el momento, la presentación de la denuncia no constituye una declaración de responsabilidad ni implica la existencia de conductas delictivas comprobadas. Corresponderá exclusivamente a la Fiscalía adelantar las verificaciones necesarias y, de ser el caso, definir las actuaciones judiciales que correspondan conforme al debido proceso.

La denuncia presentada por el equipo del presidente electo representa una de las primeras actuaciones derivadas de las auditorías anunciadas durante el empalme y anticipa que la revisión de la contratación pública será uno de los ejes centrales de la nueva administración una vez asuma funciones el próximo 7 de agosto.