Claudia Carrasquilla cuestiona alcance legal de resolución que suspende órdenes de captura a 23 cabecillas criminales

En medio del creciente debate jurídico y político en torno a la política de “paz total” del Gobierno Nacional, la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla advirtió que la reciente resolución de la Fiscalía General de la Nación, que suspende órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales, carece de sustento legal y podría vulnerar la Constitución.

En entrevista con IFM Noticias, Carrasquilla, reconocida como “La Dama de Hierro” por su trayectoria en la persecución del crimen organizado, sostuvo que la medida no implica una liberación formal, pero sí habilita la movilidad de los implicados para participar en eventuales diálogos con el Gobierno.

“La resolución 0072 del 27 de marzo no los deja en libertad porque ya están condenados”, explicó. “Lo que hace es levantar órdenes de captura posteriores para permitir su desplazamiento en Medellín, el Área Metropolitana, Rionegro y Bogotá, con el argumento de facilitar negociaciones”.

Un vacío jurídico en la “paz total”

Según la concejal, el principal cuestionamiento radica en la interpretación de la Ley 2272 de 2022, marco normativo de la política de paz total. Carrasquilla argumentó que dicha ley solo habilita negociaciones con Grupos Armados Organizados (GAO), como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, pero no con Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), categoría en la que ubica a los 23 cabecillas.

“La resolución incurre en una falsa motivación”, afirmó. “No es cierto que se pueda negociar con estas estructuras bajo esa ley”. La exfiscal también señaló que el acto administrativo será demandado ante el Consejo de Estado, al considerar que contradice normas superiores y la Constitución. Recordó, además, que un intento previo del Gobierno para ampliar el alcance de la ley y permitir negociaciones con estas estructuras no superó el primer debate en el Congreso.

Tensiones entre la Fiscalía y la judicatura

Otro de los puntos críticos planteados por Carrasquilla se centró en la competencia institucional. Según explicó, la Fiscalía no tendría facultades para autorizar salidas, ni siquiera temporales, de personas privadas de la libertad. “Esa es una función exclusiva de los jueces”, dijo, al referirse a la necesidad de intervención de jueces de control de garantías o de ejecución de penas. Citó, además, la sentencia C-525 de 2023, en la que la Corte Constitucional habría delimitado el alcance de estas decisiones.

En ese contexto, calificó la resolución como una decisión administrativa que no puede imponerse sobre la autoridad judicial.

Impacto en seguridad y contexto electoral

La concejal también expresó preocupación por las implicaciones en materia de seguridad y el posible uso político de la medida en un contexto electoral; a su juicio, permitir la movilidad de estos líderes criminales podría facilitar su participación indirecta en actividades proselitistas en distintas comunas del Valle de Aburrá, donde históricamente han ejercido influencia territorial.

“Se está buscando incidir en las elecciones mediante supuestos diálogos con víctimas”, afirmó.

Asimismo, cuestionó la viabilidad de los llamados “diálogos sociojurídicos”, al considerar que no abordan problemas estructurales como el control territorial, las economías ilegales (incluyendo narcotráfico y extorsión) y la continuidad de actividades delictivas posteriores a las condenas.

Persistencia de la violencia

Frente a la hipótesis de que estos acercamientos puedan reducir la violencia, Carrasquilla se mostró escéptica, habló de cifras recientes del sistema de información de seguridad ciudadana que evidencian la continuidad de homicidios vinculados a estructuras criminales.

“Las confrontaciones nunca han terminado”, aseguró. “Los indicadores muestran que estas organizaciones siguen disputándose el control territorial”.

Una discusión abierta

Mientras la Fiscalía ha insistido en que los implicados no serán liberados y que la medida busca facilitar procesos de diálogo, las críticas desde sectores políticos y jurídicos anticipan una controversia de fondo sobre los límites de la política de la “Paz Total”.

El debate, que ahora se traslada a escenarios judiciales como el Consejo de Estado, podría definir el alcance de las facultades del Ejecutivo y la Fiscalía en la negociación con actores del crimen organizado urbano, en un momento en que la seguridad sigue siendo uno de los principales desafíos para ciudades como Medellín.