CEJ anunció acciones internacionales tras señalamientos de Petro contra magistrado del Consejo de Estado

En un nuevo pronunciamiento, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) manifestó su “absoluto rechazo” a las recientes declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, en las que cuestiona decisiones judiciales y solicita investigar penalmente al magistrado del Consejo de Estado, Juan Enrique Bedoya Escobar.

El anuncio se da luego de que la Sección Segunda del Consejo de Estado ordenara la suspensión provisional de los efectos del Decreto 415 de 2026, decisión que generó una reacción del Ejecutivo que, según la CEJ, resulta “desproporcionada” y constituye “un ataque directo a la autonomía judicial y una preocupante criminalización de las decisiones judiciales”.

Frente a este escenario, la organización anunció que acudirá a instancias internacionales. “Solicitará medidas de protección especial en favor de la Rama Judicial y del Magistrado Bedoya Escobar ante la CIDH y ante la Relatoría para la Independencia judicial de Naciones Unidas”, indicó la Corporación.

La CEJ también expresó su respaldo a la postura de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y recordó que, conforme a la Constitución Política, “la administración de justicia es independiente y sus decisiones solo están sometidas al imperio de la ley”. En ese sentido, advirtió que el desacuerdo con una providencia judicial no habilita al Ejecutivo para ejercer presiones sobre los jueces.

“El desacuerdo con una providencia judicial no otorga licencia al poder Ejecutivo para intimidar a los magistrados con acciones penales ni para calificar sus fallos como actos a favor de intereses particulares”, señaló el comunicado.

En uno de los apartes más contundentes, la CEJ cuestionó la posibilidad de judicializar a jueces por el contenido de sus decisiones. “Pretender encarcelar a los jueces de la República por el sentido de sus decisiones es una práctica propia de regímenes autoritarios que anula el sistema de pesos y contrapesos”, advirtió.

En esa línea, hizo un llamado directo al Gobierno Nacional a mantener el respeto por el Estado de Derecho y los canales institucionales. “Las discrepancias jurídicas deben tramitarse a través de los recursos procesales que la ley prevé y no mediante la estigmatización pública en redes sociales o en discursos oficiales”, agregó.

Finalmente, la Corporación reiteró la importancia de la independencia judicial como pilar de la democracia. “No hay causa más importante para la sociedad colombiana que defender la independencia de los jueces”, concluyó, al tiempo que subrayó que la justicia “no puede ni debe estar para complacer al poder político”, sino que cumple la función de limitar sus excesos y garantizar la estabilidad del orden jurídico nacional.