Caso UNGRD: Fiscalía sigue el rastro de Carlos Ramón González tras señalamientos de Olmedo López

Este martes 15 de abril se llevó a cabo una audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá para la legalización de nuevas pruebas dentro del proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González. El proceso está relacionado con el caso de presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La diligencia judicial fue presidida por el magistrado Luis Enrique Bustos, la audiencia fue de carácter virtual y se desarrolló bajo la figura de control posterior en búsqueda selectiva en bases de datos, en razón de la calidad de aforado constitucional de González.

El procedimiento hace parte de una serie de diligencias que la Fiscalía viene realizando desde febrero de 2025. Estas buscan determinar si Carlos Ramón González incurrió en el delito de tráfico de influencias en su calidad de servidor público, en el marco del entramado que investiga presuntos actos de corrupción en la UNGRD.

Entre las pruebas autorizadas por el Tribunal se encuentran la revisión de los movimientos financieros y cuentas bancarias de González durante su período como director del Dapre. Asimismo, se permitió el acceso a las bases de datos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Otro elemento clave en la investigación corresponde al análisis de las coordenadas del teléfono celular del exfuncionario. La Fiscalía confirma su ubicación durante eventos señalados por testigos, incluyendo una reunión que habría tenido lugar el 21 de septiembre de 2023 en la Casa de Nariño. Según los testimonios de Olmedo López y Sandra Ortiz, en dicho encuentro se discutió la asignación de recursos para beneficiarios a congresistas.

Durante la audiencia de este martes, se verificó que Carlos Ramón González tiene registrada una línea telefónica con el operador Claro y se descartó que posee otra línea con la empresa Wom. El magistrado Luis Enrique Bustos señaló que la información fue confirmada mediante oficio del 2 de abril.

El proceso también incluye la revisión del contenido de conversaciones sostenidas entre González y Olmedo López, en las que presuntamente se habrían dado instrucciones relacionadas con el senador Iván Name. La Fiscalía plantea que González habría instruido a Sandra Ortiz para direccionar contratos por $60.000 millones de pesos a favor de Name y más de $10.000 millones para el entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle.

En el escrito de acusación contra Ortiz, se indica que ella habría facilitado la operación mediante influencias dirigidas a beneficiar los intereses de los mencionados congresistas. Además, se hace referencia a un cambio en la modalidad de entrega de los recursos, que habrían sido entregados en efectivo: $3.000 millones de pesos para Nombre y $1.000 millones para Calle.

El proceso continúa en etapa de recolección de pruebas y verificación de los elementos presentados por el ente acusador. Por el momento se sabe que la solicitud de imputación de cargos se hizo ante el Tribunal Superior de Bogotá y la diligencia se fijó para el próximo 21 de mayo, en horas de la mañana, de manera presencial y donde el exfuncionario tendrá que asistir con su defensa, para escuchar de la Fiscalía los elementos de pruebas y las evidencias que tiene en su contra.

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