Caso de viáticos para jurados de votación dejó seis capturados en Riosucio, Chocó entre ellos el alcalde

El procedimiento fue realizado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en el municipio de Mutatá, Antioquia. Las autoridades localizaron allí al mandatario y a los demás funcionarios vinculados a la investigación.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, el caso está relacionado con el desembolso de recursos destinados a cubrir el transporte y los viáticos de los jurados de votación y delegados que participaron en la jornada electoral. Las autoridades investigan posibles inconsistencias en la asignación y utilización de esos dineros.

Los hechos corresponden a los comicios realizados el pasado 8 de marzo, jornada en la que los ciudadanos eligieron a los integrantes del Congreso de la República y en la que también se desarrollaron consultas interpartidistas para definir candidaturas presidenciales.

La Fiscalía anunció que un fiscal de Administración Pública de la Seccional Chocó presentará a Moreno Mena y a los otros cinco capturados ante un juez de control de garantías. Durante las audiencias preliminares, el ente investigador tiene previsto formular imputación por los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

El peculado por apropiación está relacionado con la presunta apropiación de recursos públicos en beneficio propio o de un tercero. La falsedad en documento privado corresponde a la posible alteración o falsificación de documentos que puedan servir como prueba, mientras que el tercer delito se refiere a la eventual celebración o trámite de contratos sin cumplir los requisitos legales esenciales. La determinación de responsabilidad corresponde a las autoridades judiciales dentro del proceso.

El caso también se conoce después de que el alcalde enfrentara otras actuaciones de carácter administrativo y judicial. Además, un juzgado de Riosucio había impuesto previamente una sanción de un día de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes por un caso de desacato a una orden de tutela. La decisión correspondía a un proceso diferente del que ahora adelanta la Fiscalía por los recursos de la jornada electoral.

En cuanto a la investigación actual, las autoridades deberán avanzar en las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y las solicitudes que formule la Fiscalía ante el juez de control de garantías. La captura y la eventual imputación no constituyen una condena ni determinan por sí mismas la responsabilidad penal de los procesados.